Bolaños ignora la propuesta del juez de Pegasus de declarar por videoconferencia así que lo hará por escrito
El magistrado da un plazo de tres días a las partes para que puedan presentar el correspondiente pliego de preguntas
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, instructor del llamado caso Pegasus , ratifica la solicitud del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños , de declarar por escrito en la causa en la que investiga la infección de los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de varios ministros, a través de esta herramienta informática entre los meses de mayo y junio de 2021. Bolaños no ha contestado a la propuesta del magistrado de declarar por videoconferencia, así que da ahora tres días de plazo al Ministerio Fiscal y a la Abogacía del Estado para que puedan presentar el correspondiente pliego de preguntas.
En un auto notificado hoy, el magistrado explica que el 23 de junio propuso al ministro de la Presidencia declarar a través de videoconferencia, el día y a la hora que él mismo decidiera, para no alterar las funciones inherentes a su cargo. El juez le dio un plazo de tres días para optar por esta posibilidad, sin embargo, en este tiempo Bolaños no ha respondido.
Según explica el instructor en el auto, el plazo ha concluido sin que el ministro haya efectuado ninguna manifestación al respecto, lo que le aboca- dice el magistrado- a practicar la declaración por escrito y «nos conduce a entender tácitamente rechazada la opción ofrecida a los efectos de prestar declaración testifical a través de videoconferencia, y por ratificada en igual forma su decisión de acogimiento al privilegio procesal establecido en el referido art.412.2.1 1º Lecrim».
La abogacía, en contra de que haya acusación popular
En otro auto, Calama rechaza el recurso que presentó la Abogacía del Estado contra la decisión de admitir la personación de la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege como acusación popular siempre y cuando abonara una fianza de 10.000 euros.
La Abogacía se mostró en contra y recurrió al entender que "se daría lugar a posible acceso a todo el contenido de datos de la intimidad de los agraviados en directa contradicción con lo que precisamente constituyen el fundamento de la acción penal y el bien jurídico que se quiere proteger".
El juez, sin embargo, ratifica su postura y argumenta que "el delito investigado no solo afecta al bien jurídico intimidad y autodeterminación informativa, sino también a los intereses generales".
Las pesquisas arrancaron con una denuncia de la Abogacía del Estado, que el pasado 2 de mayo puso en conocimiento de la Audiencia Nacional que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; como la ministra de Defensa, Margarita Robles; habían sufrido infecciones con Pegasus en las que se les habían sustraído distintas cantidades de información de sus teléfonos móviles.
Apenas diez días después, los servicios jurídicos del Estado ampliaron aquella primera denuncia para incluir también los casos del titular de Interior, Fernando-Grande Marlaska, y el de Agricultura, Luis Planas, que habían sido igualmente víctimas del espionaje con la herramienta de fabricación israelí.
Ya se ha tomado declaración como testigos a la exdirectora del CNI Paz Esteban y al funcionario de este organismo encargado de elaborar los informes sobre la infección con Pegasus y el juez sigue a la espera de respuesta sobre la comisión rogatoria cursada a Israel a fin de solicitar que una comisión judicial se desplace al país e interrogue al CEO de la empresa fabricante del software, NSO Group .
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