El juez del caso 'Neurona' reactiva la investigación de la Caja de Solidaridad al pedir a Podemos más documentos
La Audiencia Provincial ordenó al juez seguir investigando la denominada 'Caja B'
El juez del caso 'Neurona', Juan José Escalonilla , ha pedido a Podemos que entregue el documento por el que se aprobó la solicitud realizada por una asociación popular para recibir 50.000 euros de la Caja de Solidaridad del partido, reactivando con ello esta línea de investigación, que cerró pero tuvo que reabrir por orden de la Audiencia Provincial de Madrid.
En una providencia del 10 de marzo, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid ha solicitado a Podemos que aporte el acuerdo del Consejo de Coordinación por el que se aprobó la petición formulada por #404 Comunicación Popular.
Esto fue uno de los hechos presuntamente ilícitos que mencionó el exabogado de Podemos José Manuel Calvente en la denuncia que presentó en diciembre de 2019 contra la formación 'morada' y de la que partió el caso 'Neurona'.
Según Calvente, la Caja de Solidaridad se creó en 2018 a instancias de Rafael Mayoral, como secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, como una «herramienta» para colaborar con «los sectores populares en un proyecto de lucha conjunta por la justicia social», y se habría usado como 'caja b'.
Archivado y reabierto
El juez investigó este trasvase de fondos y no pudo determinar que se hubiera producido pero sí comprobó que se habían hecho al menos tres transferencias de 10.000 euros a dicha asociación y que algunos de sus miembros lo son también de Podemos. No obstante, en un auto de octubre, acordó archivar este asunto por considerar que «no resulta anómalo o extraño que el numerario de la Caja de Solidaridad sea destinado a fundaciones o movimientos cercanos al partido».
La Audiencia Provincial, en una resolución del 16 de febrero que respondía a recursos de Vox y la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege -que ejercen de acusaciones populares-, ordenó a Escalonilla seguir investigando «hasta el esclarecimiento de la presunta administración desleal del numerario del Fondo de Solidaridad».
Para la Sección 30ª, es razonable pensar que concurre «una vinculación subjetiva encubierta» entre la asociación y el partido que podría servir para operar «al margen de la actividad inspectora del Tribunal de Cuentas, en beneficio de algunos, con perjuicio del resto de los miembros de Podemos y de los fines sociales a los que debieran dedicarse los fondos ».
La Audiencia de Madrid entendió que aún queda conocer el destino de esas cantidades, las personas que autorizaron la disposición del dinero y los beneficiarios finales, información necesaria para determinar si hay delito. En concreto, precisó que Podemos «no ha facilitado información sobre si concedió la cantidad de 50.000 euros» a #404 Comunicación Popular.
Caso Neurona y otras derivadas
En estos momentos, las pesquisas se centran en el contrato firmado por Podemos y Neurona Comunidad por 363.000 euros por labores de consultoría política para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, y que Escalonilla sospecha que pudo ser simulado para desviar dinero de las cuentas 'moradas'.
Desde diciembre de 2019, cuando Calvente denunció, el juez ha archivado varias líneas de investigación, como las relativas a las obras de la nueva sede de Podemos o al supuesto acceso no autorizado a un disco duro de la abogada del partido Marta Flor.
Sin embargo, a raíz de un escrito presentado por la exresponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona, el juez ha acordado abrir procedimientos independientes sobre los nuevos hechos denunciados por esta, entre ellos el supuesto uso de una empleada del partido y ahora asesora del Ministerio de Igualdad como niñera de los hijos de la ministra, Irene Montero.
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