Los jueces piden ya la dimisión de Grande-Marlaska por su «flagrante vulneración» de la división de poderes

Francisco de Vitoria considera que el ministro ha perdido «toda legitimidad» y ve aún más «reprobable» su actuación por ser juez

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en rueda de prensa en Moncloa

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La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha pedido este martes la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por haber «perdido toda legitimidad para cualquier cargo ejecutivo» después de que haya trascendido el documento oficial en el que la propia directora general de la Guardia Civil explica por escrito que el coronel Pérez de los Cobos fue cesado por «no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento».

En un comunicado público, la segunda asociación judicial en número de afiliados considera «inaceptable» que un Estado democrático permita a un ministro de Interior «tomar represalias contra un alto mando de la Policía Judicial por no desvelar actuaciones de investigación policial en el marco de una instrucción». Recuerda que el ministro justificó ese cese por «pérdida de confianza».

Los jueces ven aun «más reprobable» la actuación de Marlaska por su condición de magistrado y ser, por tanto, «perfecto conocedor de que la Policía Judicial depende funcional y directamente de jueces y fiscales», tal y como recoge la normativa que regula su funcionamiento: «Es inadmisible que un magistrado se conduzca de esta manera , porque responde a un conocimiento de la irregularidad y a una voluntad clara de actuar así», apunta AJFV.

A su juicio, el cese de Pérez de los Cobos supone una «flagrante vulneración del principio de separación de poderes», además de reflejar un «intento de modificar el curso de investigaciones judiciales mediante el conocimiento privilegiado de lo actuado que permita a los investigados explorar líneas de defensa para contrarrestar», todo ello al margen de los cauces establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por ello, recuerda que «lo grave no es qué investiga la Justicia, sino que un Gobierno pueda influir en esa investigación judicial».

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