Galán se pone a disposición de la Audiencia Nacional para atajar «sospechas» en el caso Villarejo
Anticorrupción no descarta pedir su imputación para esclarecer su conocimiento de los contratos
La comisión ejecutiva delegada del consejo de administración de Iberdrola ha acordado poner a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional a los «administradores y empleados» de la eléctrica, lo que incluye a su presidente, Ignacio Sánchez Galán, para que sean citados a declarar en el caso Villarejo a fin de «facilitar la finalización» de la investigación y atajar las «constantes sospechas» que penden sobre la compañía en este asunto.
Este movimiento, que se ha difundido mediante un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que traslada el escrito que Iberdrola ha presentado en la Audiencia Nacional, se produce en un momento en el que la Fiscalía Anticorrupción estudia la citación de Galán como investigado para esclarecer su conocimiento de los encargos al comisario José Manuel Villarejo por los que la eléctrica pagó algo más de un millón de euros.
De acuerdo a las fuentes fiscales y jurídicas consultadas por este diario, la decisión no está tomada, si bien se considera un paso natural llamar al presidente de la compañía, como se ha hecho en otras líneas de investigación de la causa que afectan a grandes empresas, para interrogarle por un lado, sobre las políticas de supervisión de Iberdrola con los proveedores y por otro, sobre hasta qué punto estaba informado del tipo de trabajos que estaba contratando su entonces jefe de Seguridad, Antonio Asenjo y, sobre todo, si sabía quién los estaba realizando.
En su escrito, Iberdrola argumenta que que la tramitación de esta pieza separada, la número 17 de la macrocausa Tándem, le ha supuesto «un significativo desgaste reputacional» y ha sido «aprovechado por competidores» para «directa o indirectamente» atacar «el buen nombre de la compañía».
«Estas declaraciones e informaciones, ajenas a los intereses de la Justicia, se han dirigido a propagar sospechas sobre la sociedad y sobre algunos de sus directivos y administradores. Dichas actuaciones vendrían en realidad a responder a una clara estrategia de desprestigio motivada por intereses espurios de algunos exdirectivos y competidores que tan solo pretenden perjudicar», señala el hecho relevante.
En "consecuencia", y tras haber realizado auditorías internas y haber aportado documentación al juzgado, Iberdrola decide ahora «para la mejor protección del interés social, sobre la base de la confirmación de las conclusiones alcanzadas en las investigaciones internas», poner «a los administradores y empleados de la Sociedad a disposición del Juzgado Central de Instrucción nº6 para que, en la medida en que lo considere necesario y tan pronto como sea posible, comparezcan para proporcionar su testimonio». Dichas investigaciones internas se refieren al informe 'forensic' encargado a PwC para dilucidar el alcance de las contrataciones a Cenyt, la empresa de Villarejo.
Este 'forensic', añade la compañía, no constató evidencias de que con la contratación, contabilización y pagos se hayan «infringido los procedimientos de control establecidos, ni, finalmente, indicios que permitan vincular a terceras personas ajenas a las direcciones de Seguridad y Administración y Control con las contrataciones investigadas». Es decir, que se apunta, como viene siendo habitual en el resto de piezas que implican a empresas del Ibex 35 (BBVA, Caixabank, Repsol), a los responsables de dichos departamentos.
La investigación sobre los encargos de Iberdrola al comisario Villarejo, que implicaron pagos de algo más de un millón de euros escalonados a lo largo de una década, se inició en noviembre del año 2019 si bien las primeras informaciones al respecto trascendieron en mayo de 2018, cuando comenzaron a salir a la luz los audios que el polémico mando policial había grabado de sus conversaciones con el que fuera jefe de Seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo .
En total, como recuerda la energética, se trata de 17 contratos con Cenyt; estos abarcan a Iberdrola, correspondientes a los ejercicios 2004 a 2009, e Iberdrola Renovables Energía, correspondientes a los ejercicios 2012 y 2017. Además, las citadas investigaciones internas puestas en marcha por la firma constataron que la relación con Villarejo se circunscribe exclusivamente a esos 17 encargos con sus facturas consecuentes.
Tanto Asenjo como Villarejo están investigados por cohecho y revelación de secretos, igual que están imputados directivos como Juan Carlos Rebollo y exdirectivos como José Antonio Del Olmo, no así Iberdrola como persona jurídica ni tampoco su presidente .
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