La Fiscalía ofrecerá a la Audiencia Nacional la inhabilitación de Trapero como alternativa a la cárcel
Propondrá al tribunal una condena por desobediencia si no aprecia sedición
Casi tres meses después de que quedara suspendido por el estado de alarma, el juicio al «mayor» de los Mossos Josep Lluis Trapero se reanuda este lunes en la Audiencia Nacional con el trámite de informes del Ministerio Fiscal y las defensas de los acusados, entre los que se encuentran también la los mandos políticos Pere Soler y César Puig, y la intendente Teresa Laplana. Para los tres primeros la Fiscalía pedía 11 años por rebelión; para Laplana, cuatro por sedición.
Según ha podido confirmar ABC, la Fiscalía modificará sus conclusiones provisionales , de forma que, vinculada por la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del «procés» por sedición, acusará también a Trapero, Soler y Puig de aquel delito en vez del de rebelión. Además, los fiscales del caso, Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira, ofrecerán como alternativa al tribunal la posibilidad de que los acusados sean condenados por desobediencia si los magistrados no apreciaran sedición. Esto implicaría que el responsable de los Mossos el 1-O no pisaría la cárcel (pues la desobediencia no lleva aparejada pena de prisión), pero sí sería multado e inhabilitado como miembro del cuerpo autonómico.
Así como la rebaja de rebelión de a sedición se daba por segura -en consonancia con el fallo del «procés»-, la alternativa de desobediencia ha coincidido con la llegada a la Fiscalía General del Estado de Dolores Delgado, quien, al menos en este asunto, ha encontrado receptividad en el fiscal-jefe de este órgano, Jesús Alonso, con quien mantiene una buena sintonía.
Un «plan premeditado»
No obstante, al ser el Ministerio Público la única acusación personada, la alternativa al delito de sedición daría una opción al tribunal distinta a la absolución a la que podrían verse obligados los magistrados si no apreciaran la existencia de aquel delito. Según fuentes jurídicas consultadas, no está muy claro que al tratarse de delitos que no son «homogéneos» , el tribunal pudiera condenar por desobediencia sin hacerle esta solicitud de forma expresa. Hay que tener en cuenta, además, que el Supremo no apreció rebelión para todos los encausados y que tres de ellos (Carles Mundo, Santi Vila y Meritxell Borràs) fueron condenados precisamente por desobediencia.
En sus conclusiones definitivas, la Fiscalía mantendrá que la Policía autonómica dificultó gravemente el cumplimiento de la orden judicial que impedía la celebración del referéndum, y que en este contexto Trapero jugó un papel fundamental. Le considera un pilar más del plan secesionista del que también formaban parte, según el Ministerio Público, los máximos responsables de la Generalitat, del Parlament y de las asociaciones independentistas encabezadas por Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
Como sucedió en el juicio del «procés» en el Tribunal Supremo, los testimonios contradictorios del coordinador del dispositivo del 1-O, el recién cesado jefe de la Comandancia de Madrid Diego Pérez de los Cobos, y el del número dos de Trapero, el comisario Ferrán López, sobre el plan establecido para impedir el referéndum ilegal , son las principales pruebas de cargo (y, a la vez, de descargo) del «mayor» de los Mossos. Durante el juicio, el primero volvió a mantener que la inactividad de sus agentes fue premeditada y que había un plan conjunto de actuación entre los tres cuerpos para cerrar los colegios. Un plan que el «mayor» incumplió. Para el segundo, Pérez de los Cobos era perfectamente consciente de que las parejas de Mossos (los llamados binomios) que fueron a los centros a partir de las seis de mañana de aquel 1-O no tenían medios para cerrarlos y que la Policía autonómica contó en todo momento con que era una labor que correspondía a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.
«Motivación ideológica»
Durante su declaración, Trapero señaló ante el tribunal la imposibilidad de enfrentarse a 2,3 millones de votantes con 7.000 efectivos y atribuyó a una «motivación ideológica» individual la connivencia que se vio en «algunos» con quienes incumplían el mandato judicial. «Jamás se ha dado una orden diferente de lo que se ha asumido por escrito», dijo el «mayor», en referencia al dispositivo policial que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado acordaron delante de la juez del TSJ de Cataluña. Sin embargo, y como él mismo reconoció en el juicio, puso en conocimiento del exconsejero de Interior Joaquim Forn las instrucciones de la Fiscalía para evitar el referéndum ilegal del 1-O, pese a que algunas de ellas eran secretas.
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