El juez decreta prisión para dos presuntos implicados en un nuevo caso de corrupción en Palma

El titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, ha decretado este jueves prisión sin fianza para el jefe del departamento de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Miquel Femenía, y para el empresario Antoni Roig, en el marco de la denominada «Operación Sancus». Dicha operación se inició el pasado lunes, con la detención de 13 personas, entre ellas el exconcejal de Movilidad, Gabriel Vallejo; la exedil de Función Pública, Irene San Gil, y nueve funcionarios.

El juez Penalva y el fiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán investigan presuntas irregularidades en la última adjudicación del servicio de la ORA por parte del consistorio palmesano, que tuvo lugar en 2013. Dicho servicio controla el aparcamiento regulado en la capital balear.

El magistrado y el fiscal quieren descubrir si se habría podido producir un presunto desvío de fondos públicos. La gestión del servicio de la ORA fue otorgada hace tres años a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que presentó la oferta más cara. Dicha UTE está conformada por las empresas Dornier, Roig y Api.

Los exediles Vallejo y San Gil formaron parte del equipo que en el pasado mandato gobernó en la corporación palmesana con el popular Mateo Isern como alcalde. En la presente legislatura, el alcalde es ahora el socialista José Hila, gracias al acuerdo suscrito el pasado año entre el PSOE, la coalición econacionalista MÉS y Som Palma, que es la marca blanca de Podemos en la capital balear.

Vallejo quedó ayer miércoles en libertad con cargos tras declarar ante la Policía y comparecerá mañana viernes ante el juez en calidad de investigado, equivalente a imputado. En cualquier caso, ha negado ya cualquier posible irregularidad en su actuación. Por su parte, las dos personas que este jueves han ingresado en prisión se habrían desvinculado también por completo de cualquier decisión contraria a la ley.

En ese contexto, cabe recordar que el diputado regional y concejal del PP en el Ayuntamiento de Palma Álvaro Gijón ha negado también este jueves, de manera «rotunda», haber recibido algún tipo de comisión por la adjudicación del citado servicio municipal de la ORA. Gijón también formó parte del equipo de Isern en el pasado mandato.

Gijón ha desmentido de forma taxativa las afirmaciones de un testigo protegido, quien en declaraciones al canal autonómico IB3 afirmó que escuchó en la sede del PP balear que el propio concejal y quien hace tres años era el presidente del PP de Palma, José María Rodríguez, habrían recibido un total de 1,5 millones de euros de comisión, además del regalo de un piso, que sería la casa en la que reside ahora Gijón.

Rodríguez también ha negado este jueves la posible veracidad de ese testimonio. Por su parte, Gijón se ha comprometido, además, a presentar ante el Juzgado la escritura de su piso, que habría adquirido en 2000, así como sus declaraciones de la renta y sus movimientos de cuentas corrientes de estos últimos años. A través de un comunicado, Gijón también ha avanzado que emprenderá acciones legales contra el citado testigo en el momento procesal oportuno.

La «Operación Sancus», que está bajo secreto de sumario, se instruirá como una pieza separada de la causa en la que desde 2013 se investiga una presunta trama de corrupción en el seno de la Policía Local. Dicha trama incluiría la manipulación de unas oposiciones en la jefatura del cuerpo y la recurrente extorsión a diversos empresarios de locales de ocio de la Playa de Palma, con la connivencia de altos cargos locales del PP.