Las bases del Servicio de Vigilancia Aduanera han estado cerradas más de 200 días desde marzo de 2021

Los diputados del Grupo Popular Andrés Lorite y Carolina España lanzaron en octubre una batería de preguntas sobre la operatividad y mantenimiento de la flota de helicópteros de Vigilancia Aduaner a. Un mes después, el Gobierno respondía, aunque no a todas las cuestiones planteadas, ni siempre a la cuestión exacta sobre la que se pedía información.

Especialmente llamativa es la respuesta sobre la fecha de entrada en funcionamiento de las cuatro bases operativas del Servicio de Vigilancia Aduanera tras la adjudicación a Eliance de la operatividad de la flota, el 13 de marzo del año pasado. Dos de ellas, la de Algeciras y Almería, funcionaron desde el 2 y el 6 de abril. La de Vigo, sin embargo, tuvo que esperar al 3 de septiembre. Solo estas tres han estado cerradas 205 días en 2021. Curiosamente, el Ejecutivo no hace referencia a la cuarta, la de San Javier, en Murcia, que no se ha puesto en funcionamiento hasta ahora.

El Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos asegura que ante esta situación el Gobierno tenía dos opciones, según el artículo 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas: resolver el contrato con Eliance, o imponer a la empresa la correspondiente multa, que asciende a 3.000 euros por día que la instalación no esté en funcionamiento.

Los cálculos del sindicato señalan que la multa a la que debe enfrentarse Eliance, solo en lo que se refiere a las tres primeras bases –Algeciras, Almería y Vigo– es de 615.000 euros , y sin embargo la administración no ha hecho movimiento alguno para reclamar esta cantidad.

En la respuesta del Gobierno al Grupo Popular llama igualmente la atención lo referente a la capacitación de las tripulaciones. Los diputados preguntaban si Eliance contaba desde el primer día con pilotos con licencias para dar ese servicio; es decir, para poder volar con todos los aparatos. La respuesta, tal como admite la propia adjudicataria, es que no, y de hecho tuvo que enviar pilotos a Alemania para sacar las licencias correspondientes, que no consiguieron hasta el verano.

Pues bien, el Gobierno, en lugar de responder a la cuestión exacta que se le plantea se limita a precisar que «todas las tripulaciones que prestan en el contrato tienen la licencia en vigor»; es decir, en este momento, pero no cuando se produjo la adjudicación de la operatividad y mantenimiento de la flota por más de 20 millones de euros.