Podemos «roba» la marca a «Podemos»

«Podemos» como marca que desenvuelve sus actividades en el ámbito político solo hay una. Y no es la de Pablo Iglesias. Es de José Jorge González Herrán, un empresario cántabro de 63 años que se adelantó al partido de Pablo Iglesias y decidió registrar «Podemos» en la Oficina Española de Patentes y Marcas, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La solicitud la hizo el 12 de junio de 2014 -apenas veinte días después de que el partido de Iglesias consiguiera cinco escaños en el Parlamento europeo-, y en la clase 45 («servicios de grupo de presión política»). Cuando Podemos quiso hacer lo mismo un mes después, se tuvo que conformar con la clase 35 («publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina»), pese a que esa formación desarrolla sus actividades en un terreno distinto.

González reclama «su» marca con tanta fruición que no ha dudado en llevar el caso al Tribunal Supremo en forma de querella. La presentó el 18 de febrero ante la Sala Segunda y ahora será el fiscal quien tenga que informar sobre su admisión a trámite.

El cántabro, gerente de una asociación de discapacitados, acusa a Pablo Iglesias y a Carolina Descansa, los dos aforados que figuran en el acta fundacional de Podemos-partido, de un delito contra la propiedad intelectual. El artículo 274 del Código Penal castiga con entre seis meses y dos años de cárcel al que, «con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo usurpe un signo distintivo idéntico o confundible con aquel para distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de propiedad intelectual se encuentra registrado».

José Jorge es franco en su conversación con ABC. ¿Por qué registró «Podemos»?: «Porque no me gustan. No me gusta que no sepamos cómo se financia La Tuerka, ni que oculten si España va a ser como Venezuela; no me gustan los que van de salvadores de la patria... Lo que no se puede hacer es aprovecharse de un problema general de España, cinco millones de parados, en beneficio propio», dice.

El cántabro defiende ante el Tribunal Supremo el derecho exclusivo a utilizar la marca «Podemos» en el tráfico económico durante diez años; es decir, hasta el 12 de junio de 2024. En su querella señala que Podemos ha utilizado el mismo nombre que él tiene registrado «y con iguales fines, es decir, servicios de presión política, beneficiándose de unas expectativas que no le corresponden a resultas de una confusión provocada deliberadamente».

El registro de una marca no se considera obligatorio para empresas o asociaciones sin fines de lucro, pero sí es recomendable realizarlo, porque supone el derecho exclusivo de dicho registro frente a terceros, explica un abogado especializado en Patentes y Marcas. Es decir, «Podemos» como marca podría no haberse inscrito nunca; no así Podemos como formación política, que tiene necesariamente que inscribirse (y así lo hizo en su momento) en el Registro de Partidos Políticos (Ministerio del Interior). Y es ese derecho exclusivo a utilizar «su» marca el que quiere hacer valer José Jorge ante la Sala Segunda.

El hecho de que el «Podemos» de José Jorge incluya una exclamación no importa: la ley entiende que existe «la prohibición de identidad» por el simple hecho de utilizar las mismas palabras, con independencia de los signos. «Es público y notorio que los querellados se dedican más a actividades políticas que a publicitarias y comerciales y por tanto estarían utilizando una marca registrada por otro para fines para cuyo objeto solo está legimitimado él, dándole por razones obvias un destino y finalidad distinta a la expresamente autorizada», señala el empresario en su escrito. Aporta también un burofax que envió a Iglesias el pasado 20 de enero emplazándole a que dejara de usar su marca. «No he tenido respuesta», comenta, lo que, a su juicio, demuestra que los dirigentes de Podemos están actuando de «mala fe y con el conocimiento» de que esa marca, en el terreno en el que se desenvuelven, «no es suya».

El empresario dice que no se dedica ya a la política. Sí fue concejal de Unión para el Progreso de Cantabria (UPC) hace 20 años, cuando Juan Hormaechea era presidente de esa Comunidad. «Solo» pide que se requiera al partido Podemos para que deje de utilizar ese nombre y que se «retire del tráfico la utilización con fines políticos de material publicitario y otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca». No descansará hasta que el otro Podemos desaparezca. «El auténtico es mío».