España, la mejor solución al «problema» catalán

La hora de España

Un Estado con más de 500 años de historia y una espada de Damocles que amenaza de forma permanente la unidad de España. ¿Ha llegado la hora de actuar? ¿Es válido el modelo de Estado autonómico que diseñó la Constitución de 1978? ¿Ha quedado desfasado? ¿Hay que «pararle los pies» a Cataluña? ¿Qué puede hacer el Estado ante este desafío?

Catedráticos y juristas de reconocido prestigio debatieron esta semana en Caixaforum sobre la reforma de la Carta Magna. El encuentro, organizado por Revista de Libros, fue moderado por el magistrado emérito del Tribunal Constitucional Manuel Aragón y a él también asistió el exvicepresidente de esa institución y expresidente del Consejo de Estado Francisco Rubio Llorente.

Todos coinciden en que ha llegado el momento de es el momento de afrontar los problemas, los nuevos desafíos del siglo XXI, de que cada uno encuentre su lugar en un país en el que cabemos todos. Ha llegado la hora de España.

«España debe dar pasos hacia adelante y Cataluña para atrás»

Para Álvaro Rodríguez Bereijo, presidente emérito del TC el modelo autónómico diseñado por la Constitución de 1978 fue «un intento apócrifo de solucionar la vertebración en la Nación española del nacionalismo vasco y catalán fundamentalmente». Reconoce que la Carta magna es «vaga e indefinida» en su Título VIII porque «las circunstancias históricas de aquel momento tampoco permitían hacer otra cosa».

El catedrático de Derecho Constitucional es partidario de que se hubiera mantenido la diferenciación de dos niveles de autonomía que plantea la Constitución, pero no se hizo por errores políticos, como el de permitir que los estatutos de autonomía incorporaran la palabra «nación». «Fue un error porque contribuyó a diluir esa dicotomía que era conveniente para la vertebración de España». A su juicio, el título VIII de la Carta Magna ha revelado un problema que urge solucionar: la distribución del orden competencial entre el Estado y las autonomías. Este sistema de «doble lista», de materias sobre las que pueden asumir competencias unos y otros, «es un problema estructural» que es necesario corregir con la reforma del 167; es decir, mediante ley orgánica. «Se trata de disfunciones de un orden competencial abierto que no puede resolver el Tribunal Constitucional», dice. Pero advierte de que esta reforma no puede hacerse para resolver el problema de Cataluña o del País Vasco, porque una reforma con consenso «no podría ser construida sobre esas bases».

Respecto a Cataluña, reconoce que «habrá que encontrar alguna solución, porque la construcción de facto de estructuras de poder es un riesgo aún mayor», opinión que comparte con Santiago Muñoz Machado. «Es necesario buscar puntos de acuerdo», apunta. Cataluña «ha ido demasiado lejos y es necesario que esa reforma se produzca con pasos hacia adelante por parte de algunos y hacia atrás por parte de otros».

«No hay un solo Estado en el mundo que negocie la secesión

En 1978 no había más remedio que caminar hacia la descentralización, dice Roberto Blanco, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela. En aquel momento, sostiene, «no había otra opción». España era un Estado federal básicamente simétrico hasta el «disparatado» Estatuto de Cataluña. Y la asimetría del régimen de financiación vasco y navarro «fue el precio que hubo que pagar para que ETA dejara de pegar tiros, y aun así, mató a 800 personas».

Blanco opina que hay que mantenerse en esa «conllevancia» de la que hablaba Ortega, en la que llevamos los últimos 30 años: «Esto no lo vamos a resolver nunca, pero hay que llevar el problema con inteligencia hábil». No habrá solución mientras los nacionalismos no renuncien a la secesión. «No hay nada que hablar con Artur Mas –dice el catedrático de Derecho Constitucional–. No hay un solo Estado en el mundo que negocie la secesión. No se puede tolerar a un territorio que celebre un referéndum ilegal, y el Estado dispone de instrumentos para evitar la declaración unilateral de independencia», recuerda.

A su juicio, es fundamental favorecer elementos de cohesión en el ámbito educativo. «No seremos capaces de solucionar los problemas hasta que se normalice la vida en estos territorios; hasta que se entienda que ser no nacionalista es igual de legítimo que serlo».

«No tengo por qué encajar un proyecto de ruptura»

«Aquí no hay un problema catalán, sino un relato que los demás hemos dado por bueno, un relato basado en dos ideas: la identidad ignorada y la injusticia económica». Felix Ovejero, profesor de Filosofía Política de Barcelona, recuerda que para el 55 por ciento de los catalanes su lengua materna es el castellano y es a ese 55 por ciento de la población al que se desprecia. «La configuración del relato no se compadece con la realidad», insiste. Buena parte del problema está en la inmersión lingüística, que está perjudicando a los castellano-parlantes. «El proyecto político de los nacionalistas es romper la unidad del Estado, y eso no tengo por qué encajarlo».

«¿Qué es la tercera vía? ¿No aplicar la Constitución allí?»

«Evidentemente hay problemas, pero el modelo de 1978 fue un éxito», dice el constitucionalista Francesc de Carreras, de la Universidad de Barcelona para quien, a pesar de las disfunciones, la estructura del Estado es sólida. «Es necesario algo que aglutine, que las partes participen en la voluntad del todo, que se sientan integradas», pero a la vez se pregunta qué es eso que llaman «tercera vía». «¿Que existan unas competencias específicas para Cataluña que no sean para el resto de comunidades autónomas? Yo no lo veo. Es como no aplicar la Constitución en determinados territorios», subraya Frances de Carreras.

«Ya somos uno de los países más descentralizados»

El director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, considera que España ya es en la práctica un Estado federal, opinión que comparten de forma mayoritaria los ponentes. «España ha pasado de ser un Estado centralizado a ser uno de los más descentralizados del mundo», subraya.

En su opinión, el prinicipal problema del Estado de la autonomías está en la división de competencias, pero en líneas generales «el modelo de Estado español que diseñó la Constitución ha sido un éxito», dice. De la Fuente considera que una de las posibles soluciones para el problema en Cataluña es la «batalla de las ideas». Hay que ir allí y explicar y argumentar cuestiones tan obvias como que «no les robamos».

«No es posible un acuerdo sin realizar algún tipo de consulta»

Juan José López Burniol, notario, recuerda que la Constitución se hizo «con inteligencia y coraje». Reconoce que hay problemas, como «la insatisfacción permanente catalana», pero su balance es «positivo». «¿Pueden seguir juntos Cataluña y España? Por supuesto que sí, pero mientras sigamos pensando que el autocontrol de los propios recursos es una monstruosidad, no hay nada que hacer. La culpa no es de Cataluña ni del País Vasco, sino de que España es un Estado frustrado porque si hubiera sido fuerte no estaríamos tratando este tema», señala. A su juicio, la salida pasa por «el reconocimiento de los hechos, nos guste o no».

«El primer deber de un Estado es defender su integridad»

La Constitución de 1978 fue positiva para el país, señala Santiago Muñoz Machado, de la Universidad Complutense. Las autonomías eran entonces «una solución inesquivable», aunque no se tenía por qué haber escogido la fórmula del Título VIII. Técnicamente era el mismo modelo que el de 1931, cuando las cosas no eran iguales. En 1978 «sabíamos qué comunidades autonómas se iban a construir», por lo que «habría sido preferible un modelo más ajustado al sistema federal». Reconoce que las autonomías han traído muchos beneficios, pero también «muchas rémoras, un exceso de burocratización». Muñoz Machado comparte con sus compañeros que es necesaria la reforma del título VIII, y además de forma urgente.

En su opinión hay un exceso de comunidades autonómas: «Diecisiete son demasiadas. Habría que estudiar oportunidades de fusión», unificar el reparto de competencias y cambiar el modelo de financiación y el de control, hoy centralizado en el TC, porque el plazo de resolución de asuntos es excesivo.

El catedrático de Derecho Administrativo reconoce que Cataluña es diferente por su cultura, lengua, tradiciones y un régimen autonómico distinto, con instituciones propias. «Eso es un hecho. Pero ya no hay más para Cataluña. La Constitución no da más de sí» y darle más competencias ya sería a costa de hacer desaparecer el Estado. «Se ha llegado al techo competencial», avisa, por lo que lo único que queda es buscar puntos de encuentro.

A su juicio, el primer deber de un Estado es defender su integridad territorial. Yel asunto de Cataluña es un «problema grave, una burla al sistema constitucional». Están utilizando medios de comunicación, instituciones... y llegará un momento en el que la comunidad internacional se creerá que es un Estado independiente, porque la independencia es una cuestión de hecho (...). Me preocupa que no se reaccione».