Catalá: «Nadie va a escuchar su teléfono si no integra una red organizada ni es terrorista»

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido que Interior pueda intervenir las comunicaciones sin permiso judicial, como se contempla en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, y ha insistido en que es una medida contemplada en «casos de primera necesidad y urgencia» para delitos «gravísimos» y donde habrá control del juez «a las 24 horas».

«Esté usted muy tranquila de que nadie va a escuchar su teléfono ni leer sus mensajes, sobre todo señoría si usted no forma parte de una red organizada de delitos ni comete delitos terroristas», ha dicho a la diputada socialista Sofía Hernanz.

En la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Pleno del Congreso de los Diputados, el ministro ha respondido así después de que Hernández denunciara el «coladero y la carta blanca» que el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal da al Gobierno para que «espíe» de forma «indiscriminada las conversaciones de los ciudadanos».

Durante su intervención, el ministro de Justicia ha asegurado que la regulación sobre la interceptación de las comunicaciones del anteproyecto reúne «todas las garantías de constitucionalidad y protección de derechos» para ser aprobado en el Parlamento.

La ley actual contempla, en su artículo 579, que el ministro del Interior pueda ordenar esta medida en casos de terrorismo o grupos organizados. El artículo 55.2 de la Constitución solo permite suspender el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones —recogido en el 18.3— en investigaciones sobre «bandas armadas o elementos terroristas».

Lo que hace el anteproyecto es extender las escuchas policiales a «delitos contra menores, personas con capacidad modificadas judicialmente u otros delitos considerados de especial gravedad».

«¿El Gobierno va a poder escuchar mis conversaciones y las comunicaciones privadas de cualquier ciudadano de este país cuando el ministro del Interior lo considere oportuno? ¿Se tarda menos en llamar al ministro que al juez de guardia», ha preguntado la diputada socialista Sofía Hernanz.