El fiscal se opone a dos demandas de paternidad contra Don Juan Carlos

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado el archivo de dos demandas de paternidad contra el Rey Don Juan Carlos planteadas por el ciudadano español Alberto Solá Jiménez y una nacional belga, Ingrid Jeanne Sartiau, según informaron a Europa Press fuentes del alto tribunal. El Ministerio Público estima que no hay «principio de prueba suficiente» para que se tomen en consideración.

También señala el fiscal que hay que tener en cuenta que la reclamante belga alega en su demanda que tanto ella como Solá se hicieron una prueba de ADN que inicialmente dio como resultado que ambos eran hermanos, si bien luego la señora Sartiau precisó que se trató de un error del perito y que por ello negaba cualquier relación de parentesco con Solá.

Presiones de los medios

La defensa de la ciudadana belga aportó igualmente una carta remitida a la Casa Real el 24 de abril de 2013 en la que esta mujer lamenta haber acudido a la vía judicial para solventar su filiación paterna y afirma haber sido presionada por Solá «y por los medios».

«Y por eso no hay ninguna base para admitir la demanda, porque si Ingrid Jeanne Sartiau no es hermana de padre de Alberto Solá Jiménez ¿qué demanda admitimos? La de Ingrid o la de Alberto, y la consecuencia lógica es que ninguna de las dos, pues no aportan ninguna el principio de prueba exigido por el artículo 767 de la Ley de Enjuiciamiento Civil», concluye la Fiscalía.

En el caso de Solá Jiménez la demanda de paternidad llegó al alto tribunal procedente de la Audiencia de Madrid, que elevó el asunto al Supremo después de que a mediados del pasado mes de julio entrara en vigor la ley que regula el aforamiento del Jefe del Estado saliente. El recurrente defendía que Don Juan Carlos mantuvo una relación con su madre biológica, Anna María Bach Ramon, mucho antes de ser proclamado Rey. Solá nació en Barcelona en 1956 y fue criado en una familia adoptiva. En aquellos fechas Don Juan Carlos, que nació el 5 de enero de 1938, tenía 18 años de edad.

La Sección número 24 de la Audiencia Provincial de Madrid tenía previsto celebrar en septiembre una vista en la que iba a deliberar sobre el recurso de apelación presentado por el abogado de Solá, Francesc Bueno, contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 34 de archivar este caso por la inviolabilidad que la Constitución otorgaba al entonces Jefe del Estado español. Tras la abdicación, Don Juan Carlos perdió la inviolabilidad, pero pasó a ser aforado, de forma que solo podrá ser juzgado por el Tribunal Supremo.

El abogado amplió sus alegaciones tras la abdicación y la Audiencia de Madrid elevó la causa al Tribunal Supremo tras los «términos rotundos» de la ley orgánica 4/2014, del 11 de julio, que dispone en su disposición transitoria que los tribunales que estén conociendo de hechos relacionados a los nuevos aforados deberán suspender su tramitación y remitirlos «inmediatamente» al alto tribunal. El Supremo todavía no se ha pronunciado sobre su admisión o no a trámite.