El juez investigado por el CGPJ llama a votar aunque el TC suspenda el 9-N

Lejos de aquietarse por la investigación que el Consejo General del Poder Judicial le ha abierto por su intervención en el borrador de la «Constitución» catalana, el juez Santiago Vidal está crecido, especialmente tras la ajustadísima decisión de este órgano de no suspenderle cauterlamente mientras toma una decisión definitiva sobre su continuidad como juez. Tanta es la osadía de este magistrado de la Audiencia de Barcelona que, pese a que se examinan con lupa sus palabras, no duda en seguir opinando sobre el futuro de Cataluña y los planes de Artur Mas. No en vano a Vidal se le considera uno de los diseñadores de la hoja de ruta «judicial» del presidente de la Generalitat. Y sus declaraciones en una entrevista al 3/24, recogidas por Europa Press este domingo, no hacen sino ahondar en ese papel que el presidente de la Generalitat le ha dado en su proyecto secesionista, un papel que no está precisamente vinculado a los principios de independencia e imparcialidad que deben presidir la actuación de cualquier juez.

Vidal opina ahora sobre la impugnación del Gobierno de la nueva consulta fijada por Mas para el 9-N. Asegura que el TC no debería admitirla a trámite porque «no se puede impugnar una convocatoria verbal ante un tribunal que evalúa normas jurídicas». Y una vez más, aunque ahora de forma más sútil, parece llamar a la desobediencia de la ley cuando afirma que, aunque el TC prohibiera la nueva consulta, la votación del 9-N no sería ilegal, ya que la admisión solo implicaría la suspensión de los actos de la Generalitat, por lo que tendría que «abstenerse de hacer nada», incluido prohibirla.

Vulnerar la suspensión

Vidal, que en realidad está haciendo un llamamiento a la ciudadanía a sacar adelante esta consulta sin implicar al Ejecutivo de Mas, se olvida de que una de las cuestiones que pide el Gobierno al TC en su escrito de impugnación es que obligue a la Generalitat a publicar la suspensión «en los periódicos oficiales autonómico y estatal para que alcance conocimiento y eficacia general respecto a cualesquiera terceros». Parece olvidar también que el Consejo de Estado ha advertido de que convocar una nueva consulta incluso horas antes del 9-N también sería ilegal. Violar esta prohibición tendría, por tanto, consecuencias.

Pero eso no es todo: el juez catalán asegura que si el TC prohibiera a los funcionarios voluntarios participar ese día «estaría cometiendo un delito de prevaricación», porque adoptaría una decisión que carece de cobertura legal. Y ello porque, dice, los funcionarios actuarían como ciudadanos (a título particular) si participaran, por lo que no tendrían ninguna consecuencia desde el punto de vista jurídico.

Además, dice que el deber de los cuerpos policiales es «garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos y, ¿cuál es el derecho más fundamental de un sistema democrático? Votar», concluye.