Conmoción en el PP por la red de corrupción local

Conmoción en el PP. Menos de 24 horas después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asegurara en un acto en Murcia que «ya sé que se han producido algunas cosas que no nos gustaría que se produjeran», dándole así un perfil bajo a una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, como es la corrupción, una nueva operación contra estas tramas sacudía a los populares en cuatro de sus feudos: Madrid, Murcia, Valencia y Castilla y León. La trama empresarial, según las pesquisas, pagaba comisiones a cambio de contratos de obras y de servicios, y el daño a las arcas municipales y autonómicas es de 250 millones de euros en los dos últimos años. De esa cantidad los políticos se quedaban con un porcentaje, que algunas fuentes sitúan entre el 2,5 y el 3%.

El escándalo se produce, además, a apenas siete meses de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015 y con unas encuestas que reflejan el desplome del voto popular. En Génova se pasa del asombro a la indignación, pasando por el abatimiento y la vergüenza. Muchos tampoco entienden la que consideran falta de liderazgo de Rajoy en este asunto. El único «consuelo» que encuentran es que al menos las instituciones funcionan y no hay marcha atrás en esta operación limpieza de la vida política, que también afecta al PSOE y a los nacionalistas catalanes, entre otros.

Las investigaciones, dirigidas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y ejecutada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, desembocaron en 51 detenciones e imputaciones; 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias para el bloqueo de cuentas; 30 embargos preventivos de vehículos de alta gama; o 259 mandamientos a registros de la propiedad. Al cierre de esta edición en dependencias policiales había cerca de 40 arrestados, entre ellos el ex número 2 de los populares de Madrid, Francisco Granados, y seis alcaldes de la Comunidad, alguno de localidades importantes como Valdemoro (José Carlos Boza, PP), Collado Villalba (Agustín Juárez, PP) o Parla (José María Fraile), este último del PSOE y mano derecha de Tomás Gómez en los años que estuvo al frente de esa población.

El caso provocó una convulsión en el PP. A las dos y media de la tarde Esteban González Pons ofrecía una rueda de prensa en Génova en la que anunciaba la inmediata suspensión de militancia de los implicados. Ya por la tarde era la presidenta de los populares madrileños, Esperanza Aguirre, la que comparecía públicamente para pedir «perdón» por haber nombrado a Francisco Granados como su número 2 en el partido –«aunque hace ya años que le retiré mi confianza», precisó–, y para mostrar su «vergüenza» por los casos de corrupción. Solo salvó a Ángel Acebes, que hoy comparecerá ante el juez Ruz por el caso Bárcenas –una imputación que no comparte Anticorrupción, que se sorprendió por la decisión del magistrado–, pues según la expresidenta madrileña «no se ha llevado un duro».

Pero un día más la reacción más llamativa fue, precisamente, la que no se produjo: la de Rajoy, que prefirió delegar la respuesta en otros responsables del partido. La decisión provocó, otra vez, el desconcierto entre sus filas, que ven cómo un día salta el escándalo de las «black card» de Bankia, otro se imputa a un ex secretario general y al tercero se producen sucesos como los de ayer.

Tampoco el PSOE salió mucho mejor librado de la jornada, en especial su líder en Madrid, Tomás Gómez, que vio cómo el único alcalde socialista detenido era, precisamente, el de Parla, José María Fraile, durante muchos años su mano derecha en el ayuntamiento de ese municipio. Se le suspendió de militancia, como al exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, y Gómez le exigió que abandonara el cargo. Mientras, en Ferraz se aseguraba que no habría un pacto anticorrupción con el PP y que presentará sus iniciativas en el Congreso.