Seis policías en prisión por matar a un hombre y arrojarlo al mar

La primera llamada se recibió en el 091 a las 21.39 del 11 de marzo: «Me quieren matar porque les he robado las bicicletas». Diego Pérez Tomás, de 44 años, llamó a la Policía asustado por unas supuestas amenazas recibidas de unos vecinos en el barrio de «Las Seiscientas» de Cartagena. Acudió un radiopatrulla que intentó calmarlo. No quiso denunciar. A las 4.39 de la madrugada volvió a llamar. Hablaba de forma incoherente y nerviosa. Volvieron los mismos agentes. Es la última vez que se le vio con vida.

A las seis de la mañana, los vecinos ven la puerta abierta y las luces encendidas y avisan a su hermano. Diego, toxicómano y esquizofrénico, había desaparecido. Su cadáver fue hallado flotando en la playa de Cala Cortina (a unos tres kilómetros) el 26 de marzo.

Siete meses después, la titular del Juzgado número 4 de Cartagena ha enviado a la cárcel sin fianza a seis policías de esa comisaría, de entre 26 y 39 años. Los acusa de detención ilegal y homicidio/asesinato. Según la autopsia, la víctima murió a causa de la destrucción de centros neuronales por fractura-luxación de cinco vértebras cervicales con lesiones hemorrágicas «en un periodo muy próximo a la muerte». «La víctima estaba muerta cuando su cuerpo llegó al agua», señala el informe forense.

La juez enumera en su auto de prisión los indicios hallados en la investigación llevada a cabo por los compañeros de los agentes de Cartagena, con colaboración de los de Homicidios de Murcia y los de Asuntos Internos. Cuentan con un testigo protegido, varias cámaras de seguridad que registraron las idas y venidas de tres «zetas» (radiopatrullas) esa madrugada hacia la playa; las conversaciones interceptadas a los agentes, salpicadas de bravuconadas, así como las declaraciones de policías portuarios que se cruzaron con ellos esa noche.

«Estamos aburridos. Estamos jugando al escondite», han declarado que les respondió uno de los policías al preguntarles por qué había tantos «zetas» en la playa. El testigo protegido, por su parte, señala que los seis agentes subieron al coche a Diego y uno preguntó: «¿Lo llevamos a comisaría». Su compañero respondió: «No, lo llevamos a la guarida».

Los dos policías que acudieron en primer lugar a la vivienda de Diego Pérez explicaron en su declaración inicial que fueron solos y que Diego se quedó en su casa, tras negarse a presentar una denuncia o que lo llevaran al médico, debido a su agitación. Ante la juez los seis han admitido que le condujeron a la playa para que se calmara, pero cuando llegaron salió del coche policial y huyó a la carrera. Preocupados, volvieron a Cala Cortina para buscarlo. Uno aduce que fue un servicio «humanitario» para alejarlo del peligro (las supuestas amenazas recibidas); otro para que no volviera a molestarlos y un tercero que querían darle «un escarmiento».

«Golpeado por uno o varios»

«Lo más probable es que el detenido fuese golpeado por uno o varios de los agentes (...) y que una vez que se produjo la muerte decidiesen deshacerse del cuerpo arrojándolo en la zona de Cala Cortina», indica la juez en su auto tras enumerar los indicios. Entre ellos, están las conversaciones grabadas por los micros que se instalaron en los tres coches policiales sospechosos. Ahora al analizar esas escuchas, los abogados defensores han detectado que dos de los agentes grabados tras una cuestionable incautación de droga no son ninguno de los encarcelados (sus placas no coinciden) y que los tiempos recogidos por las cámaras hacen «imposible» que en ese tiempo pudieran deshacerse del cuerpo. Sostienen que sus clientes solo cometieron una «mala praxis» al no dar cuenta de que habían llevado a Diego a la playa, pero «no existe ni móvil ni animadversión hacia él», en palabras de Mariano Bro, uno de los letrados. «Solo existen indicios de que pudieron estar allí», afirma, «pero la data de la muerte es entre el 8 y el 16 de marzo». «Asuntos Internos se ha equivocado», sentencia.