NO LABORABLE
Los trabajadores vascos, y los del toda España, afrontan una nueva era en las relaciones laborales tras las últimas reformas, que persiguen la reducción de los salarios y de los costes de las empresas
08.02.13 - 18:07 -
Los trabajadores con convenios colectivos –casi todos los asalariados– se enfrentan a una etapa de recortes de sueldo, alargamiento de jornadas, aumentos de flexibilidad y pérdidas de derechos como no podían sospechar hasta hace muy poco tiempo. Esos son los objetivos de las sucesivas reformas laborales y de la negociación colectiva realizadas en los dos últimos años en España: ganar competitividad para exportar más y ayudar a salir de la crisis por la vía de rebajar los costes salariales.
El ajuste ya ha comenzado. Centenares de miles de trabajadores vascos y millones en el resto de España no han renovado sus convenios colectivos en los últimos años, y si lo han hecho han perdido capacidad adquisitiva en casi todos los casos, además de que con frecuencia han elevado la jornada laboral, lo que rebaja el precio por hora trabajada. Pero el proceso no ha hecho más que empezar. A medida que se acerque el 7 de julio –cuando se cumple un año de la entrada en vigor de la última y drástica reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy– y los convenios colectivos pierdan su vigencia total si no han sido renovados en los últimos doce meses, las relaciones laborales entrarán en una nueva senda de consecuencias, hoy por hoy, difíciles de prever.
El convenio de grandes empresas de distribución suscrito la pasada semana en Madrid por los sindicatos Fesga y Fetico, con 230.000 trabajadores afectados en toda España, 7.000 de ellos en Euskadi, es un claro ejemplo de lo que puede avecinarse. Recoge, entre otras polémicas medidas, la congelación salarial por cuatro años, aumento de la jornada de trabajo anual en 28 horas (hasta 1.798) y la obligación de trabajar en festivo, sin complementos, cuando la empresa lo decida. La fortísima incidencia de la crisis en el consumo y la caída de las ventas de las empresas del sector han llevado a la mayoría de los trabajadores a asumir unos sacrificios sin precedentes.
Pero la garantía de las empresas de no despedir a los empleados fijos y la renuncia a la fuerte reducción salarial que habían planteado han bastado a las dos centrales firmantes para poner su firma bajo unas cláusulas que han sido denostadas por los sindicatos vascos que estaban en la mesa de negociación, Comisiones Obreras, LAB y UGT.
En la medida que la crisis se alargue, los sindicatos saben que habrá muchos más convenios con sacrificios de este calibre, y de hecho ya hay varios, con menos trabajadores afectados, renovados en términos de recortes.
Y el problema añadido es que, cuando se trata de pactos laborales nacionales, las centrales vascas tienen una capacidad de influir muy limitada. Si acaso, los afiliados de CC OO y UGT pueden tener la posibilidad de presionar las federaciones nacionales de su sindicato respectivo, de las que forman parte.
La situación que se presenta no debe ser menospreciada, porque en la comunidad autónoma vasca hay 125.000 asalariados que se rigen por convenios de ámbito nacional, el 21% del total, según las estadísticas utilizadas por el Consejo de Relaciones Laborales (CRL).
En este territorio existen un total de 1.109 convenios colectivos, la mayoría (873) de empresa. De esa cifra, 740 (615 de empresa y 125 de sector) se negocian en la propia comunidad autónoma y corresponde a sindicatos y patronales vascos llegar a los acuerdos necesarios. Pero el resto, 369 convenios –258 de empresa y 111 sectoriales– son de ámbito estatal y, por tanto, se negocian generalmente en Madrid, con otra relación de fuerzas, objetivos y prioridades.
Bien por la existencia de modelos sindicales con estrategias diferentes, bien porque se trata de industrias o negocios con características propias, con sus propias necesidades, lo cierto es que con gran frecuencia las subidas salariales y las condiciones de trabajo pactadas en Euskadi son mejores que las de los convenios negociados fuera de su territorio.
Así lo demuestran una vez más los datos del CRL correspondientes al año 2012, que arrojan una subida salarial media del 2,20% en los pocos pactos laborales que aplicaron subidas, siete décimas menos que la inflación anual. Ahora bien, mientras en los convenios suscritos en la comunidad autónoma vasca el alza fue del 2,65% –también con pérdida de poder adquisitivo–, en los suscritos de ámbito nacional la mejora se quedó en el 1,59%. La media ponderada fue el citado 2,20%.
En el primer caso, solo 105.000 trabajadores pudieron acceder a una mejora salarial de un total potencial de 470.000 (el 22%), mientras que de los que se rigen por acuerdos laborales de alcance nacional renovaron sus condiciones de trabajo el año pasado casi 78.000, es decir el 62%. La pregunta del millón es: ¿Cuál de las dos vías es la mejor solución?
Una rápida ojeada al pasado permite constatar que en los últimos diez años las subidas negociadas en los convenios colectivos han supuesto en ocho incrementos medios más altos en Euskadi, con diferencias en algunos casos de más de un punto sobre el conjunto del territorio nacional. Ello se ha traducido en que, desde 2003 y según la encuesta de costes laborales de del Instituto Nacional de Estadística, los salarios hayan crecido el 26,9% en Euskadi, frente al 25,1% en el conjunto de España.
Pero esta ‘ventaja’ en la negociación colectiva corre un serio peligro de desaparecer. Ya se ha visto lo ocurrido el pasado año, cuando la subida inferior de los trabajadores afectados por convenios nacionales es en realidad superior a la de los regidos por pactos vascos, porque la gran mayoría de estos tuvieron su salario congelado al no haberse renovado sus acuerdos laborales.
El riesgo procede, precisamente, de ahí; de la no reedición de los convenios, que cuando lleven un año sin ser renovados pasarán a regirse por los nacionales, si es que los hay. Porque ese es otro peligro; un estudio del CRL hecho público por su presidente, Tomás Arrieta, alertaba hace unos meses de que un total de 300.000 trabajadores vascos corren el peligro de perder toda referencia de los convenios, porque si no se renueva el sectorial al que están acogidos, tampoco podrán hacerlo con uno nacional, porque no existe. Será entonces el Estatuto de los Trabajadores y el resto de la normativa laboral básica el ‘suelo’ de sus derechos. Por ejemplo, será legal pagar a un nuevo contratado el salario mínimo (645,30 euros al mes) y aplicar la jornada laboral de 48 horas semanales.
Pues bien, los sindicatos vascos, se recuerda en numerosos foros con frecuencia, y también las patronales, tienen ante sí el desafío de renovar la vigencia de esos convenios. Hasta ahora solo lo han conseguido con cuentagotas, y el de gasolineras de Bizkaia es el último de ellos, tras mes y medio de huelga.
Los problemas a salvar en estos casos no son tanto salariales como de garantías en cuanto a la ultraactividad, que los sindicatos quieren que supere el año que fija la ley, y en cuanto a la posibilidad de fijar sistemas de arbitraje para cuando una empresa decida descolgarse de un convenio colectivo, a lo que las centrales se niegan.
Y la alternativa a todo esto es negociar en la empresa los convenios colectivos, que tienen prioridad aplicativa sobre los sectoriales, al contrario de lo que sucedía hasta la última reforma laboral. Es la posición que defiende ELA como prioritaria, mientras que las otras centrales, sin olvidar este ámbito, quieren avanzar en los pactos sectoriales. ¿Dónde está el problema para los trabajadores? En que la mayoría están en pequeñas empresas, en las que no están organizados para negociar un convenio, ni tienen esa capacidad y tampoco hay presencia sindical. Y estoy hablando de miles de pequeños centros de trabajo y decenas o centenares de miles de asalariados.
La cuenta atrás comenzó en julio con la reforma laboral; quedan cinco meses para que comience el desenlace...
