Especial infraestructuras
Xavier Flores: «Es el momento de actuar para conseguir independencia energética»
El secretario general de Infraestructuras asegura que «por sus novedosas características, los fondos europeos son un gran reto de gestión»
Hace dos meses dio el paso de la política regional a la nacional. Su larga experiencia como director general de Infraestructuras de Movilidad de la Generalitat de Cataluña le ha traído hasta Madrid, desde donde tendrá que hacer frente a los muchos retos que afronta el sector de las infraestructuras. A su favor cuenta su perfil de ingeniero de gran solidez técnica.
¿Cuál es su prioridad para mejorar las infraestructuras?
La prioridad de actuaciones en una red de infraestructuras de transportes como la nuestra se debe enmarcar en diferentes escalas. Por un lado, conservar y explotar adecuadamente la red en servicio, con una visión que en nuestras actuaciones incida en la modernización y mejora continuada de lo que tenemos, huyendo de una visión estática. Por otro, seguir completándola y haciéndola crecer, buscando mejorar la accesibilidad a todo el territorio.
Y a estas dos visiones clásicas se le debe añadir una apuesta por la transformación de la red. Adecuarla a las nuevas necesidades de los vehículos que están llegando, mejorar su funcionalidad, introducir nuevos diseños, como el modelo sueco de 2+1; mejorar el trato que hacemos de los usuarios vulnerables, adecuarla al reto del cambio climático, haciéndola resiliente a la vez que reduciendo su huella de carbono; y evidentemente afrontar el reto de la digitalización. Como en muchos campos de la actividad de nuestra sociedad los nuevos retos hacen que no se trate tan solo de construir y mantener, también debemos transformar.
El sector se muestra esperanzado por el impacto que pueden tener los fondos europeos, pero su gestión también es un enorme reto. ¿En qué áreas se notará antes el impacto de estas ayudas europeas?
Los fondos Next Generation asignan al Mitma una cantidad de 20.000 millones de aquí a 2026. Somos el Ministerio con una mayor inversión del plan (28%). Esto ayudará sin duda a impulsar nuestra Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada además de actuaciones en vivienda y Agenda Urbana. Se trata de un gran reto de gestión, dada las características novedosas de estos fondos, creados para financiar exclusivamente actuaciones transformadoras y ‘verdes’ para el país. Estos fondos exigen un sistema de vigilancia y seguimiento a través de una serie de hitos y objetivos muy tasados por la Comisión Europea y con poco margen de maniobra. Son unos fondos enfocados no al gasto sino a los objetivos.
Sobre el impacto cercano, menciono dos. Tenemos por un lado las ciudades y sus zonas de bajas emisiones. Recientemente hemos adjudicado 1.000 millones de los fondos a 170 municipios para descarbonizar y digitalizar la movilidad urbana, mediante un sistema de transporte público urbano de nulas emisiones y promoviendo la movilidad activa. Por otro lado, tenemos nuestra propia inversión directa en movilidad interurbana con actuaciones ya en ejecución, encaminadas a aumentar la sostenibilidad del transporte interurbano.
¿Cómo puede impactar el conflicto bélico en Ucrania? ¿Existe el riesgo de que se agrave la crisis de suministros?
Esta desafortunada guerra y sus consecuencias a nivel de suministros son a día de hoy imprevisibles. Hace tan solo unos días publicamos un Real Decreto-ley que permite una revisión excepcional de precios para contratos de obra ante la subida de precios de ciertas materias primas, como consecuencia de la pandemia. Ahora nos tocará estar de nuevo atentos.
La nueva movilidad y la sostenibilidad traen más retos. ¿Se está adaptando el sector a este nuevo horizonte? ¿Procesos como la electrificación de la movilidad pueden verse afectados por ejemplo por la crisis energética que vivimos?
Nos dirigimos hacia un futuro en el que la interacción entre el vehículo y la infraestructura es cada vez más intrínseca. Tenemos compromisos exigentes, como la descarbonización del transporte. Pero también contamos con nuevas herramientas de la mano de la tecnología: vehículos eléctricos, vehículos conectados y autónomos, digitalización de la infraestructura, ‘big data’…
No diría que la tendencia natural a la electrificación de la movilidad vaya a verse afectada por los altos precios de la electricidad a día de hoy. Los combustibles fósiles no están precisamente bajos tampoco. Es el momento de impulsar actuaciones que nos proporcionen una independencia energética y creo que el desarrollo de las fuentes de energía sostenible reúnen la doble condición, ser interesantes económicamente y a la vez aportar a la descarbonización de la economía.
¿La implantación de un modelo de peaje o de pago por uso de autopistas y autovías es una prioridad de su departamento a corto plazo?
La Ley de Movilidad Sostenible, cuyo anteproyecto acabamos de llevar al Consejo de Ministros, determina que se debe realizar un estudio que analice las diferentes alternativas y modelos posibles para la financiación de la red viaria, buscando que sea un documento que permita un debate riguroso y transparente al respecto y obtener un consenso social y político.
Es un debate de gran calado que países de nuestro entorno ya han hecho y que debe servir para asegurar de manera justa y equitativa como financiamos un servicio público como es la red de carreteras. Y me gustaría recordar que vías gratuitas no existen, las pagamos con los impuestos entre todos; el debate no debiera ser si son gratis o no, sino qué modelo queremos para que podamos afrontar los retos que están por venir en nuestra red.
¿Considera el tren un elemento clave para la vertebración del territorio nacional?
Por supuesto. Lo pensamos nosotros y lo piensa Europa. A día de hoy es el máximo exponente de la movilidad sostenible de gran capacidad y de largo recorrido, tanto para viajeros como para las mercancías. Por eso utilizaremos unos 6.125 millones de estos fondos para inversiones en ferrocarril.
A nivel de viajeros tenemos que conseguir la red de alta velocidad, mejorar la media distancia y, fundamental, reforzar nuestro sistema de cercanías. Y a nivel de mercancías, el objetivo es aumentar la cuota, pasando del simbólico 4% actual a un 10% en 2030, como hemos fijado en nuestra estrategia ‘Mercancías 30’. Las ayudas directas que impulsaremos para el desarrollo de estaciones intermodales y logísticas, de las autopistas ferroviarias, de los accesos ferroviarios a puertos… contribuirán a este objetivo.
¿Qué otras actuaciones pueden aplacar el problema de la España vaciada?
Es un problema complejo que requiere una visión global. Las infraestructuras abren oportunidades, pero son los territorios los que las han de saber aprovechar; las infraestructuras son condición necesaria, pero no suficiente. Un ejemplo de esta visión global e interministerial es la Mesa de Movilidad Rural, en la que se trabaja junto con el Ministerio de Transición Ecológica. Queremos analizar bien las causas y proponer medidas estructurantes.
¿Hay margen de mejora en los procesos de colaboración público-privada?
Considero importante mirar lo que se hace a nivel internacional. En algunos países, especialmente del mundo anglosajón, se han desarrollado otros modelos además del D&B tradicional, como las alianzas o los ECI’s (‘early contractor involvement’), que, por qué no, podrían ser estudiados por el Mitma como nuevos sistemas de gestión de obra pública.
