Ofensiva del PP para aclarar el trato de favor a Cataluña

El grupo parlamentario popular ha lanzado una ofensiva con la que pretende arrojar luz sobre el trato que recibió Cataluña durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado viernes. Por parte de la Generalitat acudió a la reunión la secretaria de Economía, Natalia Mass, en vez del vicepresidente y consejero de Economía, Pere Aragonés . Sin embargo, según establece el reglamento que rige el funcionamiento del órgano en su cuarto punto, en «casos de ausencia o enfermedad, y en general cuando concurra una causa justificada» los consejeros representantes de la comunidad podrán ser sustituidos por otro «consejero que designe la respectiva comunidad», pero no por alguien de rango inferior.

Así, el grupo popular ha registrado una batería de seis preguntas en el Congreso a las que ha tenido acceso este diario y de las que solicita respuesta por escrito, y que el Gobierno, por su parte, deberá responder en plazo de un mes desde que la Cámara se las remita. En concreto, los populares piden información sobre si el consejero catalán presentó «en plazo y forma el escrito de inasistencia» , si se delegó el voto en «algún otro consejero delegado asistente tal y como prevé el reglamento» y si asistió algún representante «que no fuera consejero» a la reunión y «en qué calidad lo hizo».

Además, pone en el punto de mira al Gobierno por esta cesión ante el Ejecutivo catalán que se produjo tan solo unos días después del encuentro entre Torra y Sánchez . «¿A quién corresponde la responsabilidad, en su caso, de aceptar que un representante de la Generalidad no habilitado por el Reglamento pueda estar presente en la reunión?», señalan en el escrito. De igual modo se solicita información sobre la «eficacia jurídica para Cataluña de los acuerdos adoptados» y sobre si los asuntos abordados fueron previamente tratados «de manera bilateral» con la Generalitat y, en caso afirmativo, quines fueron los responsables políticos.

Lo cierto es que no es la primera vez que el Gobierno se salta las normas que guían el cónclave autonómico ya que la reunión del pasado viernes era l a primera que se celebró en diecisiete meses , una situación inédita y que no hizo más que aumentar el malestar de las comunidades en la pasada legislatura. El reglamento establece que el consejo «habrá de reunirse, como mínimo, dos veces al año» . La pasada cita, además de por la polémica de Cataluña, estuvo marcada por el impago de los 2.500 millones en concepto de liquidación del IVA de 2017.