El Gobierno flexibiliza las medidas de apoyo al vino para frenar el impacto de la pandemia

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la modificación del Real Decreto 1363/2018, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español . El nuevo decreto para la aplicación de medidas del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (Pasve) 2019-2023 tiene por objetivo adaptar la legislación española al nuevo escenario de flexibilidad, aprobado en la Unión Europea (UE) para el ejercicio 2021.

El programa de apoyo al sector vitivinícola está dotado con 202 millones de euros anuales para medidas específicas que contribuyan a incrementar su competitividad en España.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó en la rueda posterior al Consejo de Ministros que el objetivo «fundamental» es la adaptación de las medidas de reestructuración y reconversión de viñedos, de inversiones en bodegas y de promoción en terceros países al nuevo escenario de flexibilidad introducido para el ejercicio 2021 por las recientes modificaciones de los reglamentos comunitarios aprobados en 2020 por el coronavirus.

Montero ha reiterado que esta modificación permitirá ayudar a un sector como el vitivinícola que es «tan importante para la economía nacional, para la agricultura y la España rural» . De esta forma, esta nueva norma añade elementos de flexibilización tanto en el pago de la ayuda, eximiendo de determinadas penalizaciones, como en la modificación de las operaciones, permite aumentar la participación de la Unión Europea en las ayudas y flexibiliza determinados plazos y procedimientos en el ejercicio financiero.

Además, la modificación del real decreto se ha aprovechado para dar aplicabilidad real a las disposiciones que ya regulaban la cosecha en verde.

De esta forma, se han añadido n uevos artículos que dan cobertura a los vacíos existentes hasta ahora en la estructura de gestión de la medida , estableciendo plazos y formas de comunicación entre las comunidades autónomas y el Ministerio que aseguren su correcto desarrollo en caso de decidirse su puesta en marcha en alguna vendimia futura.

Además, tras la exclusión del decreto de ayudas directas de 7.000 millones de euros aprobado por el Gobierno, las empresas del sector del vino podrán beneficiarse de este paquete si así lo deciden las comunidades en las que desarrollan su actividad. Tras quedarse fuera, la situación levantó la indignación de bodegueros, viticultores y denominaciones de origen, tal y como informó ABC . La Conferencia Española de Consejos de Reguladores Vitivinícolas (Cecrv) envió una carta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en nombre de las 53 denominaciones de origen españolas en la que mostraban «la sorpresa, el malestar y la incomprensión» por esta decisión.