Las empresas tendrán que pagar más de 20.000 millones en tres meses

Las grandes empresas no han encajado nada bien la posibilidad de anticipar los pagos del impuesto de Sociedades, como pretende el Gobierno. El objetivo es reducir los números rojos de las cuentas públicas y con ello tranquilizar a Bruselas, inquieta por la falta de Gobierno y de reformas para cumplir con los objetivos de déficit público.

Ante la atenta mirada de la UE, el Ejecutivo pretende fijar un tipo mínimo de más del 20% en los pagos fraccionados de las empresas que facturen más de 20 millones de euros. Las empresas dividen su cuota de Sociedades en tres plazos: abril, octubre y diciembre. Esta medida existía hasta el año pasado con un tipo del 12%, pero el Gobierno la quitó y, con ello, el primer pago fraccionado de abril de 2016 ingresó 2.768 millones, una caída de los ingresos del 48,7% frente al año pasado (2.625 millones menos).

Ahora quiere introducir un tipo mayor para los pagos de octubre y diciembre.La medida es un adelanto, de forma que el porcentaje que anticipen que no le corresponda se le devolverá en la declaración del impuesto en julio del año que viene.

La medida supondrá elevar los impuestos que pagan las empresas de forma fraccionada en 6.000 millones de euros frente a los 18.449 del año pasado, de forma que las compañías desembolsarán en los dos próximos pagos de octubre y diciembre más de 20.000 millones de euros, según cálculos empresariales, ya que hay que descontar los 2.768 millones que adelantaron en abril. Ello supondría unos 7.000 millones más que los que pagaron el año pasado en octubre y diciembre con un tipo del 12% y 10.000 más de los que le correspondería sin el tipo mínimo, como está en la actualidad.

Supresión del tipo mínimo

Si este año se mantuviera la supresión del tipo mínimo, la recaudación anual de los tres pagos fraccionados según los expertos empresariales y fiscales consultados estarían en el entorno de los 10.000 millones. Estas estimaciones cogen de referencia los datos publicados por la Agencia Tributaria de pagos fraccionados de 2015 junto al primer pago de abril de 2016 y se basan en un nivel de resultados empresariales parecidos a los del año pasado toda vez que hasta abril la base imponible de las empresas creció un 11,8%.

Como fuere, la medida solo afecta a las compañías que facturan más de 20 millones. De hecho, en la recaudación del primer pago fraccionado de abril se observa que la caída de ingresos procede de las grandes empresas, precisamente por la supresión del tipo mínimo. Si en abril de 2015 las grandes compañías abonaron 4.919 millones a Hacienda, este año 2.098 millones, es decir, los ingresos cayeron un 56%. Sin embargo, las pymes pagaron más que en abril del año pasado: de 512 millones a 569.

El Gobierno pretende así revertir algunas de las ventajas que aprobó en la reforma fiscal para las empresas, en la que redujo el tipo nominal del 28% al 25%, además de acabar con el tipo mínimo. El Ejecutivo argumenta que las empresas pueden conseguir financiación a tipos mínimos gracias a las medidas del BCE, por lo que no cree que lastre en exceso sus balances.

Como ya informó ABC, el pasado miércoles el presidente de la CEOE, Juan Rosell, envió sendas cartas a los ministros de Economía y de Hacienda, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, en las que aseguraba que este anticipo del impuesto «no estaba previsto en las estimaciones de tesorería de las empresas afectadas, por lo que incrementará sus necesidades de financiación, pudiendo comprometer su solvencia en algunos casos».

El decreto ley, preparado

El Gobierno ya tiene preparado el decreto ley para su aprobación este mes, señalan fuentes parlamentarias. Para ello deberá aprobarlo en Consejo de Ministros y publicarlo en el BOE en septiembre para que así el cambio pueda entrar en vigor en el siguiente pago fraccionado. Tras ello, el Congreso deberá convalidarlo en un plazo máximo de 30 días, por lo que el PP deberá recabar los apoyos políticos suficientes para sacar el texto. Ciudadanos ha dado su visto bueno, ya que la medida aparecía en el pacto que firmaron ambos partidos, pero el Ejecutivo necesita más votos. En caso de que lo apruebe antes del pago de diciembre, también podría recaudar los 6.000 millones adicionales.

Un Ejecutivo en funciones puede aprobar un decreto ley siempre que se acredite su urgencia. Si no aprueba la norma, España incumplirá este año el objetivo de déficit.