El expresidente de las cajas gallegas señala al Banco de España por las prejubilaciones

El excopresidente de Novacaixagalicia (NCG), Julio Fernández Gayoso, ha señalado en la Audiencia Nacional que las prejubilaciones millonarias que se asignaron los exdirectivos de la entidad se aprobaron con luz y taquígrafos y bajo el examen en todo momento del Banco de España. Gayoso, de 84 años, se enfrenta a tres años de prisión como cooperador necesario en la operación por la que los banqueros prepararon su dorado retiro en plena crisis. «El Banco de España estuvo ampliamente informado de las prejubilaciones, antes, durante y después», ha señalado.

Según Gayoso, la decisión de llevar los contratos de la alta dirección al primer consejo de administración de la entidad resultante de la fusión —las cajas del sur y norte de Galicia, Caixanova y Caixa Galicia, se unieron en NCG, que tuvo que ser rescatada por el Estado con 9.000 millones— fue un «ejercicio de transparencia clarísimo», puesto que, en su opinión, no había necesidad de hacerlo solo por la conversión en banco.

Aquella decisión, que recibió el visto bueno de todos los consejeros presentes en la reunión menos uno, desmonta, según el expresidente de las cajas gallegas, «el argumento de que se intentó ocultar» la modificación de los contratos. La Fiscalía considera que los exdirectivos introdujeron mejoras en sus contratos de espaldas a los órganos de control para asegurarse una jugosa prejubilación al dejar la entidad, una decisión que ya tenían preparada ante la inminente «bancarización de las cajas.

Precisamente, la fiscal Pilar Melero mostró en la vista oral celebrada en San Fernando de Henares unos documentos en los que los exdirectivos mostraban —en unas cartas que no eran oficiales pero revestían el aspecto formal de un documento— su intención de abandonar la entidad ya en julio de 2011, meses antes de que formalizaran su desestimiento por escrito. En una de ellas, José Luis Pego, exdirector general de Caixanova, comunica a la entidad que «ejerce el desestimiento», que se haría efectivo en octubre de 2011, salvo que la entidad le colocase como consejero delegado, un nombramiento que finalmente no se produjo.

A pesar de aceptar que tendría conocimiento de esas cartas, si forman parte de la causa, Gayoso insistió en que los antiguos altos cargos «no tenían intención de irse para nada» hasta septiembre de 2011, cuando el nuevo equipo directivo decidió no contar con ellos. Aún así, ha reconocido que desde tiempo antes los acusados sentían «incertidumbre sobre su futuro». En total, entre los cuatro directivos se llevaron 18,9 millones de euros en prejubilaciones de una entidad que se encontraba en estado casi moribundo.

También ha declarado hoy Francisco Javier García de Paredes, el único de los acusados que provenía de la caja norteña Caixa Galicia, donde era director general. García de Paredes, quien se llevó 5,6 millones de euros, ha reconocido que la entidad le ofreció un contrato de alta dirección «que mejoraría mis condiciones». Le nombraron director general adjunto ejecutivo en la entidad resultante de la fusión, en enero de 2011, después de que firmara el contrato que redactó el banco en diciembre de 2010.

El acusado —tan vehemente en sus palabras que el juez le recomendó que «exteriorizara su estrés, se está jugando no solo tres años de cárcel, también su fama»— defendió que él no propuso ni redacto la oferta que le realizó la entidad. «Firmo lo que me pone por delante el director general», dijo García de Paredes.

La Fiscalía Anticorrupción solicita tres años de prisión para los cuatro directivos como autores de los delitos de administración desleal y apropiación indebida y para Gayoso y Ricardo Pradas, el asesor laboral que redactó los cambios en los contratos de los directivos, como cooperadores necesarios en la operación.