Las televisiones se revuelven contra la cuota lingüística de la ley audiovisual: «Es incomprensible»
Uteca asegura que la nueva regulación coloca a los operadores españoles en una situación de inferioridad frente a grandes plataformas internacionales como Netflix
Las televisiones agrupadas en la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (Uteca) han calificado de «incomprensible» e «irresponsable» el Proyecto de Ley General Audiovisual con el que el Gobierno quiere obligar a los operadores nacionales a aplicar una cuota del 6 por ciento de sus catálogos a producciones en lenguas cooficiales y a dedicar el 1,5 por ciento de sus ingresos a la financiación de la radiotelevisión pública.
En un contundente comunicado difundido este jueves, en plenas negociaciones entre Gobierno y ERC, que ha llegado a amenazar con no apoyar los Presupuestos Generales del Estado si la ley no implica también a los operadores internacionales en la cuota lingüística obligatoria, Uteca ha acusado al Ejecutivo de «agravar la discriminación al incluir, por iniciativa propia, normas exclusivas para las compañías españolas, a pesar de que no estaba obligado por la directiva europea».
Como señala Uteca, en el anteproyecto de la ley solo se fijaba la obligación para las televisiones y plataformas audiovisuales nacionales de incluir un porcentaje mínimo en sus catálogos de obras europeas, pero a última hora, para asegurarse el sí de ERC a los Presupuestos, accedió a aplicar una cuota del 6 por ciento a producciones en lenguas cooficiales como el catalán, euskera o gallego. La directiva no recoge esta obligación en su articulado.
ERC dijo que esta cuota afectaba a todos los operadores que actuaban en España, incluido Netflix, pero el pasado martes, cuando el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley, se supo que solo implicaba a los operadores nacionales como Movistar, Filmin o FlixOlé . Como reacción, los independentistas no solo amenazaron con no apoyar la ley audiovisual, que debería estar lista antes de fin de año para evitar sanciones de Bruselas, sino también los Presupuestos.
«El 6 por ciento del catálogo de las plataformas en lenguas cooficiales, un régimen sancionador más duro y la aportación desigual a la financiación de la televisión pública, son obligaciones que el Gobierno ha pensado solo para operadores nacionales», critica Uteca, que representa a Atresmedia, DKISS, Net TV, Real Madrid TV, TEN, TRECE y VEO TV. A su juicio, la ley audiovisual «condena a las televisiones en abierto a competir en inferioridad de condiciones con gigantes digitales de dimensión internacional , en un mercado que es global y único, y en el que no caben distinciones regulatorias».
«De forma incomprensible –añade la nota–, el Gobierno ha ido más allá de lo que la trasposición de la Directiva exigía al incluir normas propias, no contempladas en Europa, que solo aplicarán a los operadores nacionales, perjudicándoles gravemente al situarles en una clara desventaja competitiva». Las televisiones en abierto representadas por Uteca aseguran que el Ejecutivo ha desoído sus reclamaciones para competir en igualdad de oportunidades con las grandes plataformas audiovisuales (Netflix, Amazon Prime Video, HBO y Disney+) y de compartición de vídeos (Youtube y Facebook).
La «estricta regulación en cuotas de catálogo en lenguas cooficiales, franjas únicas de protección al menor y un endurecimiento del régimen sancionador», señala Uteca, solo afecta a los operadores nacionales. Y añade: «La asimetría normativa que se venía gestando desde que se conoció el primer borrador se ha incrementado aún más al añadir en las últimas semanas, y ya sin consultar a los sectores afectados, la obligación de incluir un 6 por ciento de las obras del catálogo de las plataformas en una de las tres lenguas cooficiales, al margen del castellano».
Uteca lamenta también que la ley audiovisual fije franjas de protección reforzadas para los menores en su programación, un incremento del 0,9 al 3,5 por ciento del porcentaje de producción independiente, la obligación de destinar el 1,5 por ciento de los ingresos que generan en España a financiar la televisión pública y un trato «discriminatorio» con ciertas limitaciones publicitarias. «No tiene justificación alguna el texto aprobado por el Consejo de Ministros. Se trata de un proyecto de ley que obedece a intereses cortoplacistas y que amenaza la viabilidad de la televisión en abierto, especialmente en el caso de las cadenas de menor tamaño».
En definitiva, señalan las televisiones en abierto, «el texto aprobado denota una irresponsabilidad que, de no corregirse, pagaremos como país. El Gobierno carece de visión de Estado al obviar el carácter estratégico del audiovisual, clave en la difusión de nuestra identidad cultural, motor de empleo e inversión y comprometido con la sociedad española».
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