Ramoncín dice sobre su salida de la Junta de SGAE que «no se la puede vaciar de contenido intelectual»

El cantante Ramoncín, juzgado por cargar trabajos ficticios a la SGAE, apeló ayer a su «talento» para justificar los 57.402 euros que cobró a la entidad de derechos de autor en un momento delicado de su vida. Denostado por la sociedad por ser el rostro de los derechos de autor en España, el artista José Ramón Márquez -conocido como Ramoncín- reivindicó a su talento y experiencia para proponer proyectos a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), en la que ocupó cargos directivos desde 1989 hasta el año 2007.

Ese talento fue lo que mantuvo ligado al cantante con la entidad, explicó, al abandonar la junta directiva, que le propuso como «consejero emérito» en una filial digital hasta 2011.

«Cada cuatro años hay elecciones y no se puede dejar vacía de contenido intelectual a la junta directiva», aseguró. Resaltó sus méritos en la SGAE, cuyos directivos «pensaron que yo era un talento que no se podía dejar marchar».

Así explicó ayer el cantante los trabajos, reales según su versión, que facturó a la entidad entre septiembre de 2008 y marzo de 2011 en la primera sesión del juicio en la Audiencia Nacional sobre esos servicios, que continuará el próximo nueve de diciembre.

El fiscal del caso no le creyó. José Miguel Alonso atendió escéptico. Le acusa de urdir una trama de facturas falsas para «procurarse un lucro ilícito» en colaboración con su amigo José Luis Rodríguez Neri, directivo de la SGAE, a quien el fiscal dejó en evidencia. Cuando el que fuera director general de la Sociedad Digital de Autores (SDAE), una filial de la entidad, defendió el negocio que suponían los proyectos de Ramoncín, el fiscal le preguntó en qué se habían traducido. «Está por verse», respondió Neri. Han pasado ya cuatro años como mínimo.

Uno a uno, el fiscal trató de desenmascarar los «hipotéticos» negocios. El ministerio público, quien solicita para los dos cuatro años y diez meses de prisión por los delitos de apropiación indebida y falsedad documental, considera que Ramoncín y Neri idearon y elaboraron «documentación que diera cobertura a la ilegítima salida de fondos que iban a llevar a cabo».

Apedreado en un concierto

«Lo que pretende hacer creer es que Neri y yo teníamos un arreglito», expresó Ramoncín con ironía. Eso es exactamente lo que sostiene el fiscal, quien también preguntó en voz alta si la filial digital de la SGAE no se había dado cuenta antes de ideas tan «fantásticas» como la caja fuerte virtual, uno de los proyectos cuestionados. En el intercambio de golpes ganó el fiscal, minucioso en su interrogatorio.

En su declaración, de casi tres horas, Ramoncín defendió que tuvo que buscarse la vida cuando su carrera musical se vino abajo por la mala prensa que le generó defender los derechos de autor. En aquel momento, «la SGAE era el enemigo público número uno; no era la cueva de Alí Baba», expresó, en referencia a los cuarenta ladrones del cuento persa. Con la irrupción de las nuevas tecnologías, los internautas criticaron el afán recaudatorio de la SGAE, una entidad privada que gestiona y recauda los derechos de propiedad intelectual de los autores.

El cantante relató el ambiente hostil que vivió aquellos años. Recordó que tuvo que abandonar un concierto en el festival Viña Rock porque era apedreado y que grupos anarquistas le perseguían y colocaban carteles con su cara por la ciudad, incluso en la puerta de su casa. «Hay un momento en el que mi vida es imposible como productor musical y me dedico a otras actividades como creador», alegó.

Los proyectos investigados fueron propuestos a la filial digital, de la que Neri era el único responsable. Según Ramoncín, se dirigió a él después de que el ex secretario general de la SGAE, Francisco Galindo, le respondiera que no disponían de dinero para patrocinarle. Neri alabó los negocios propuestos por el cantante. «Era una persona absolutamente talentosa a la que yo tenía que escuchar», declaró ante el juez, a quien aseguró que él buscaba hacer «negocios» «y no beneficiencia». Incluso aunque no hubiera contratos. El ex director general de la SDAE explicó que para él un correo de Ramoncín «si no es un contrato, es su primo hermano», a pesar del lenguaje coloquial utilizado. «Tiene un problema: escribe igual que habla», excusó.

Las ideas propuestas por Ramoncín -una especie de «reality show», un sistema para proteger archivos en la red, un formato televisivo y un programa para divulgar los derechos de autor en los ayuntamientos- le reportaron 10.100, 5.800, 28.050 y 6.962 euros. «Si el desarrollo hubiera sido bueno, se lo vendemos a Steve Jobs y nos hacemos millonarios», afirmó sobre uno de ellos. El dinero restante (6.490 euros) lo cobró por una indemnización por un juicio a la que la SGAE renunció.

En la vista oral, también declararon los exdirectivos de la SGAE Pablo Hernández y Enrique Loras, acusados de intervenir directamente en dos de los pagos sospechosos a Ramoncín. La Fiscalía pide para ellos dos años y nueve meses y dos años de prisión, respectivamente. Ayer, los dos defendieron la legalidad de los proyectos aprobados.