Esperpento en la Asamblea de la SGAE: un directivo denuncia que tuvo que pagar para ser elegido
Pablo Salinas, del Colegio de Pequeño Derecho, acusó al director institucional de la entidad de manipular las elecciones
El Ministerio de Cultura envía un requerimiento a la SGAE para que le informe de una supuesta falsificación de votos
El escenario fue la Asamblea General Ordinaria de la SGAE , la primera que se celebrara de manera presencial desde que Antonio Onetti llegara a la presidencia, en abril de 2020. Y el ambiente, como todo lo que rodea a la principal entidad de gestión de derechos de autor del país desde hace años, era tenso. Una reciente sentencia que impugnaba acuerdos tomados en una asamblea anterior , la rebelión de una parte de los socios contra el nuevo modelo de reparto ... En la SGAE ya se han acostumbrado a vivir de sobresalto en sobresalto, pero pocos tan grotescos (y graves) como el vivido ayer.
Ocurrió cuando Pablo Salinas , miembro de la Junta Directiva por el Colegio de Pequeño Derecho, tomó la palabra para denunciar que él, igual que otros miembros del mismo colegio, tuvo que pagar 800 euros al director institucional de la entidad, Iván García Pelayo , para salir elegido en las elecciones. «[...] La persona que organiza los colegios y se llama Iván García Pelayo», dice Salinas en un vídeo al que ha tenido acceso ABC. Esa ha sido la persona que ha estado llamando continuamente a todos los elegibles, para decirle: tú arrímate a mi sofá y ahí tendrás la oportunidad de salir: 800 euros es el precio, y mientras a la SGAE le cobro otro tanto. Eso es un hecho».
En ese momento, otro miembro de la Junta Directiva corta a Salinas para decirle: «A ninguno de nosotros nos ha llamado Iván García Pelayo y nos ha pedido esa cantidad», a lo que el denunciante responde: «Porque tú no vienes por otra parte [en referencia al colegio], pero los demás sí». Después le replican que no debe acusar a toda la Junta: «Si tú has tenido esas prácticas en 2018... por el amor de Dios». Entonces, para rematar su denuncia, Salinas se dirige a los asistentes y dice: «Los que han pagado 800 euros aquí, ¿podéis levantar la mano? –en el vídeo se ve uno levantar la mano–. Solo hay dos, pero puedo decir que en mi colegio fueron 16 [de 16 miembros] en 2018».
Llueve sobre mojado en la SGAE, que a esta acusación de corrupción para falsear el resultado de unas elecciones democráticas debe sumar un requerimiento enviado el 20 de junio por el Ministerio de Cultura . En este escrito, la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación le da a la entidad que preside Onetti un plazo de quince días para que remita la información y las alegaciones oportunas referidas a una denuncia sobre una supuesta falsificación de votos en las Asambleas Generales ocurrida desde, al menos, la celebrada el día 30 de enero de 2020.
Estos hechos fueron denunciados por la Junta Directiva ante el organismo competente después de que el anterior secretario general, Eduardo Ezpondaburu , lo aportara al órgano de dirección de la SGAE. Ezpondaburu, que fue despedido en marzo, alertaba en su informe de que detectó un intento de falsear la toma de acuerdos en la Asamblea celebrada el 23 de junio de 2021 mediante la presentación de delegaciones de votos falsas, «usurpando la identidad de 32 socios» y falsificando sus firmas en las papeletas de delegación.
«De la investigación realizada –advertía el ex secretario general–, estos hechos han sucedido en el tiempo, al menos desde la Asamblea de 30 de enero de 2020, Asamblea de 30 de julio de 2020, Asamblea de 30 de noviembre de 2020, y Asamblea de 23 de junio de 2021 donde se han detectado las falsificaciones mencionadas y otras bolsas de voto falsificadas».
En ese informe de Ezpondaburu ya aparecía el nombre de García Pelayo, vinculado, aunque sin pruebas concluyentes, con esas falsificaciones y también con la «manipulación» de las elecciones. En una reunión de la Junta Directiva, según se desprende del acta extractado en dicho escrito, hubo quien se refirió a García Pelayo como un «conseguidor de votos». Otros salieron en defensa del director institucional de la SGAE, quien negó «absolutamente» los hechos, y recordaron que acusarle de falsificar votos era una «calumnia».
En una entrevista con ABC , Onetti dijo en febrero que esas «presuntas falsificaciones» de las que está pidiendo explicaciones el Ministerio de Cultura «se detectaron y no llegaron a computarse nunca». Y añadió: «Los mecanismos funcionaron. Se ha puesto una denuncia porque así lo aprobó la Junta Directiva, y sigue su camino en sede policial o judicial. No hemos vuelto a tener noticias de ella. Nosotros seguimos garantizando que nuestras elecciones son limpias. Nadie ha podido demostrar a día de hoy que ninguna irregularidad haya influido en los resultados. Una cosa es que alguien intente manipular firmas en las delegaciones, que es lo que ha pasado, y otra cosa es que se hayan computado como tales».
En la Asamblea General Ordinaria celebrada ayer, por cierto, salieron aprobados todos los puntos incluidos en el orden del día, según informa la SGAE: las cuentas anuales de la entidad y los informes de Gestión, Auditoría, Transparencia y de la Comisión de Supervisión correspondientes al ejercicio de 2021, además de una serie de cambios en los Estatutos y Reglamento. La reunión tuvo lugar en formato híbrido: de manera presencial, en Madrid, y telemática. De los más de 120.000 que tiene la SGAE, votaron 559.
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