El Defensor del Pueblo finalmente archiva la queja de PSOE e IU

El Defensor del Pueblo ha dado por cerrada la queja de los grupos políticos de PSOE e IU que denunciaban limitaciones en el acceso a la información. «Con esta resolución se confirma un nuevo varapalo para los grupos socialista y de Izquierda Unida, y que sus denuncias son infundadas y responden a razones de oportunismo político», aseguraron desde el PP en un comunicado, explicando que que el Defensor del Pueblo «confirma lo que siempre se ha dicho desde la institución provincial»: «Que los grupos políticos tienen acceso a la información y documentación que precisan para el ejercicio de su labor y de acuerdo con la normativa vigente al respecto, que se cumple escrupulosamente por parte de la Diputación».

En concreto, el Adjunto Primero del Defensor del Pueblo, Fernando Fernández Marugán, ya advirtió en su día que «a la vista de la amplia y documentada información facilitada por esa Diputación Provincial sobre la queja, formulada por diputadas y diputados provinciales del Grupo Socialista y del Grupo de Izquierda Unida, esta institución considera que se está facilitando a los solicitantes el acceso a la documentación que precisan para un mejor ejercicio de su labor de representantes de acuerdo con la normativa que regula esta materia».

Así, tanto desde PSOE como de IU, aseguraban que no se les permitía la correcta la intervención en los plenos, el acceso a información, obtención de documentos o, incluso, la visita a instalaciones públicas, motivo por el que también interpusieron otra queja.

En este sentido, y de acuerdo a la última resolución de la Defensora del Pueblo, se ha dispuesto la conformidad del Defensor del Pueblo con los razonamientos de la Presidencia de Diputación indicándose claramente que existen límites sobre el acceso a la información y la obtención de copias.

«Denuncia infundada»

«Hay que recordar que los portavoces del Grupo Socialista y de IU en la Diputación Provincial de Guadalajara, María Antonia Pérez León y Francisco Riaño Campos, afirmaban que la presidenta de la Diputación limitaba, dificultaba e impedía el legítimo derecho de participación, vulnerando derechos constitucionales de los diputados de la oposición y la ley de Bases de Régimen Local y el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación. Denuncia que se ha demostrado totalmente infundada e injustificada y que ha sido una constante a lo largo de los últimos cuatro años», han explicado en el comunicado.

Recapacitar

Desde la institución provincial han afirmado que «tras este varapalo», PSOE e IU «recapaciten y reflexionen acerca de su forma de hacer política que durante los últimos años ha consistido en tratar de dificultar permanentemente la acción de gobierno y ha demostrado un absoluto desconocimiento de las normativa vigente en materia de Régimen Local, lo que ha supuesto en algunos casos el retraso de actuaciones en perjuicio única y exclusivamente de los vecinos de esta provincia que es para los que deberían trabajar».