Caso Invercaria
El fiscal asegura que Pérez-Sauquillo decidió «con un acuerdo clandestino» la ayuda al presidente del Cádiz CF
El representante del Ministerio Público, sobre la retirada de la acusación del PP-A, ha expresado que espera que el partido no considere un criterio para dar préstamos la supuesta «influencia» de personas como Manuel Vizcaíno y José María del Nido
El séptimo juicio de Invercaria ha llegado a su fin. Ya sólo resta conocer el fallo del tribunal. En el banquillo se han sentado el expresidente de la empresa pública Tomás Pérez-Sauquillo, el presidente del Cádiz CF y exconsejero del Sevilla FC, Manuel Vizcaíno, y su hermana María Ángeles Vizcaíno. Los hechos tuvieron lugar entre los años 2007 y 2009. Entonces, según el fiscal, Pérez-Sauquillo se reunión con el entonces alto ejecutivo sevillista en su casa para mediante «un acuerdo clandestino» conceder el préstamo a Own & Spa, una empresa de reciente creación de la mano de los dos acusados y que contaba con el respaldo de José María del Nido, Antonio Lappi y José María Cruz, presidente y consejeros del club en aquellos años.
Fue la propia María Ángeles Vizcaíno la que expuso en su declaración ante el tribunal que el proyecto contaba con personas de solvencia y con fuerza comercial y con quienes «todo el mundo quería hacer negocio», refiriéndose al Del Nido, Lappi, Cruz o el propio Manuel Vizcaíno.
El fiscal anticorrupción Fernando Soto ha manifestado que Invercaria no podía dar fondos públicos en bases a criterios de «influencias, contactos o relaciones sociales», sino a criterios objetivos, reales y valorables. Ha sido en ese momento cuando ha aludido la decisión de la acusación popular del PP-A de retirar todos los cargos contra los tres acusados, a los que la Fiscalía pide seis años de cárcel (Pérez-Sauquillo) y dos años y medio de prisión (hermanos Vizcaíno) por prevaricación y malversación.
«Espero que su mandante (el PP-A) no haya considerado que estas influencias son un criterio para conceder subvenciones», ha afirmado Soto. Como ya subrayara en otras piezas previamente juzgadas, «no cabe la posibilidad de sacar dinero público de la administración sino es conforme a un procedimiento administrativo establecido».
Para el fiscal, Invercaria debió por la orden de incentivos de la Junta y por el Plan Director, que por mucho que fuera «defectuoso, imperfecto o vago» no excluye la responsabilidad de los gestores. «Invercaria dejó bastante que desear en gestión interna».
En este sentido, ha recordado lo dicho por la interventora de la Junta de Andalucía María Luisa Raya y el agujero patrimonial de 21 millones de euros por la gestión de los préstamos, que no devolvieron ni se reclamaron hasta que no estalló el caso judicial. Se concedieron sin publicidad, ni criterios de concurrencia, según Soto. Invercaria estableció «un ecosistema bastante irregular para conceder subvenciones públicas».
La subvención a Own & Spa
Sobre la subvención de 300.000 euros que Invercaria concedió a Own & Spa, el fiscal ha explicado que Eloy Bernáldez, uno de los «dos» trabajadores de la empresa y «amigo» de Vizcaíno, testificó que hubo una reunión en casa de Pérez-Sauquillo entre éste y Manuel Vizcaíno, «el origen de Own & Spa», según el fiscal, pues la empresa no estaba constituida.
No hubo una solicitud o petición formal de la ayuda, sólo planes de negocio. Todo se decidió en «una reunión clandestina» en la casa de Pérez-Sauquillo. Pero pronto se encontraría con un escollo. El exdirector del departamento de Promoción, Cristóbal Cantos, puso salvedades a la ayuda.
Los primeros clientes
En este sentido, el fiscal ha señalado que la empresa, con pocos meses de vida, no tenía nada, ni tangibles ni intangibles, por mucho que los acusados quisieran vender en sus declaraciones, que tenía diseños y patentes. La valoración que hicieron de la empresa era "surrealista".
El representante del Ministerio Público ha subrayado ante el tribunal que la empresa no quiso aportar la facturación de 2017, que superaba los 150.000 euros. Aquel primer año de vida sus clientes fueron Manuel Vizcaíno, que puso un spa en su casa, su hermano, Burguillos Natural, sociedad quebrada cuyo asesor era José María del Nido, el Sevilla FC y una floristería vinculada a la familia de Vizcaíno.
Y el «núcleo de la conducta criminal» para el fiscal está en que Pérez-Sauquillo aprovechó que Cantos se fue a la empresa privada para rescatar el expediente de la ayuda a la empresa de los Vizcaíno y llevarlo al consejo de administración de Invercaria, ordenando al otro directivo, Manuel Rodríguez, a preparar los papeles. Éste no analizó el proyecto.
Se llevó al consejo «por orden de Pérez-Sauquillo, sin un análisis económico, técnico o estratégico». Aquel consejo, de julio de 2008, contó con la presencia de dos vocales. "Se le ocultó las salvedades de Cristóbal Cantos, las influencias y el valor de la empresa. Decidieron sin información y con información engañosa y falseada. Era el núcleo de la prevaricación y malversación».
La subvención no se ejecutó hasta febrero de 2009. ¿Por qué? Porque se modificó el plan de negocios y la empresa redujo su petición. Además, según el fiscal, la viabilidad de la empresa estaba condicionada a las ayudas de Invercaria y a las que pidieron a IDEA.
Por último, ha expuesto el proceso judicial abierto por Invercaria para recuperar el dinero, la insolvencia de Vizcaíno y su hermana, pese a ser personas "de gran solvencia e influencia» y el pacto posterior entre la empresa pública y los acusados para devolver el dinero, con un plazo de cinco años.
El «convencimiento» del PP-A
En definitiva, el fiscal ha insistido en que Tomás Pérez-Sauquillo, «con un acuerdo clandestino» en su casa había decidido conceder la ayuda a Manuel Vizcaíno.
Después de la Fiscalía ha siso el turno del abogado del PP-A, Wenceslao Moreno, que ha tenido que defender el cambio de su posición, pasando de acusar a pedir la absolución de los tres investigados. A veces ha parecido más un informe de una defensa que de una acusación.
Ahora, tras el juicio, no aprecia arbitrariedad en la decisión de Pérez-Sauquillo, se ha mostrado «convencido» de que no se ha vulnerado la presunción de inocencia, que no existía relación entre los acusados, que no hay prevaricación ni malversación porque el dinero no se desvió a otros fines.
Se ha basado en lo dicho por los peritos y por Cantos de que no hubo arbitrariedad. Ha asegurado que Manuel Rodríguez, el otro directivo de Invercaria, que dijo que Pérez-Sauquillo le ordenó rescatar el expediente de Own & Spa, «mintió». Ha negado la «reunión clandestina» y ha recordado que los acusados devolvieron el dinero y si hubo dejación de Invercaria para reclamarlo sería una cuestión administrativa.
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