El Estado rescata el proyecto de reconstrucción de la barrera en el Guadarranque para frenar a los narcos

Las rutas fluviales de la droga son itinerarios clásicos que utilizan los narcotraficantes a la hora de entrar con las lanchas cargadas de droga por el litoral gaditano. Entrar por las desembocaduras de ríos como el Guadalquivir, el Barbate o el Guadarranque hasta alcanzar una orilla tranquila, alejada de vistas y donde el calado de las embarcaciones de la Guardia Civil o Vigilancia Aduanera les impide llegar, es una maniobra habitual.

En los Barrios, los traficantes aprovechaban que las viviendas estaban pegadas a la orilla para construir de manera ilegal embarcaderos donde atracar sus lanchas y descargar la droga. La impunidad es absoluta y con el paso del tiempo y las demandas del negocio, esas construcciones ilegales se han ido mejorando con la incorporación de cierres para poder alijar en los patios traseros de las viviendas sin ser visto desde el exterior.

El delegado del Gobierno, Antonio Sanz, lanzaba este jueves un mensaje que pretendía ser rotundo y definitivo. Anunciaba que el Ministerio del Interior va a librar «una batalla hasta el final contra el narcotráfico», impulsando el proyecto de instalación de una barrera física sobre el cauce del río Guadarranque.

Sanz no anuncia un proyecto nuevo, sino rescatar uno antiguo que se puso en marcha a principios de la década pasada. Pero la falta de implicación de las Administraciones locales hizo que los diques flotantes que se instalaron acabaran en chatarra inservible.

Las barreras se colocaron en los ríos Barbate y Guadarranque en 2001 en virtud de un convenio firmado por el Ministerio de Medio Ambiente y los ayuntamientos. La Administración del Estado asumía el coste de la obra y los consistorios se comprometían al mantenimiento. Pero esta segunda parte del trato no se cumplió.

Abandono absoluto

La falta de mantenimiento y los actos de sabotaje consiguieron inutilizar las barreras para regocijo de los traficantes que podían volver a introducir sus cargamentos por la ruta fluvial sin problemas. Antonio Sanz anunciaba este jueves que la predisposición de la Secretaría del Estado de Seguridad es absoluta y que el expediente está en marcha, aunque «no puede hablar de plazos» ni del coste estimado de las obras.

En 20o12, hace casi tres años, la Fiscalía de Cádiz recogía en su memoria de actividad la demanda de los colectivos antidroga a favor del cierre de los ríos. El Ministerio Público subrayaba, además, cómo nadie se había hecho cargo de los destrozos de los primeros diques, los cuales había sido financiados con dinero público que se perdió por completo. La alternativa que planteaba la Fiscalía era la incorporación de una estación móvil del Sive que mejorara la red de vigilancia por cámaras en el litoral gaditano. Pero nunca obtuvo respuesta.