Chiclana concentra unas 15.000 de las 45.000 viviendas irregulares de la provincia de Cádiz.
Chiclana concentra unas 15.000 de las 45.000 viviendas irregulares de la provincia de Cádiz. - Francis Jiménez
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Viviendas irregulares en Cádiz: ¿Luz al final del túnel?

La problemática es «muy diversa», tanto en la provincia como en toda Andalucía; las casas construidas en suelos con riesgos naturales no podrán acogerse a la norma

Chiclana, Conil o El Palmar son las zonas más afectadas en Cádiz, donde a partir de ahora se podrá elaborar un Plan Especial sin necesidad de aprobar el PGOU

Fran M. Galbarro
CádizActualizado:

El chiclanero Antonio Carmona construyó su vivienda en una parcela en la zona de los Llanos. «Aquí casi todo lo que hay fuera del pueblo es ilegal», advierte. Las administraciones miraron a otro lado y el delito contra la norma urbanística prescribió. 15 años después, vive con su mujer y sus tres hijos y, aunque contribuye a las arcas municipales como cualquier otro ciudadano, sufre las consecuencias de la falta de acceso a los servicios mínimos como la luz y el agua. En los últimos años ha financiado las placas solares, que le permiten contar con electricidad pero con limitaciones: ni siquiera pueden darse una ducha o usar electrodomésticos sin apagar el frigorífico en funcionamiento.

Es sólo un ejemplo de las 327.000 familias que se ven afectadas por uno de los problemas legales más complejos que aborda el nuevo Gobierno andaluz. La Junta pretende resolver esta situación de alegalidad con el nuevo decreto ley, que amplía la cobertura del de 2012. La delegación del Gobierno en Cádiz estima que la normativa puede resolver la situación de 45.000 viviendas de la provincia cuyos delitos por irregularidades urbanísticas han prescrito.

Son varias las zonas afectadas, aunque los casos son «muy diversos». En estas zonas no existe red de saneamiento, lo que genera «grandes riesgos sanitarios originados por vertidos incontrolados». Solucionar ese objetivo es una de las priorridades del Ejecutivo andaluz. «Tenemos un herido que pierde sangre:hay que arreglar el impacto ambiental que suponen los vertidos de las fosas sépticas, por ejemplo», explica a este medio el director general de Urbanismo, José María Morente.

Los principales colectivos implicados se han mostrado escépticos con la nueva norma. Todos estudian cómo pueden verse beneficiados y coinciden en un análisis:«A unos les afecta más que a otros» y Málaga y Almería son las dos provincias más beneficiadas, según los afectados. El director general de Urbanismo entiende «la preocupación» por un problema que no es nuevo. Sin embargo, recuerda que la Junta aporta ahora un «instrumento realista» a los ayuntamientos, muchos de los cuales «generaron el problema relajando la normativa»

La clave de la norma, explica Morente, erradica en que «ayuntamientos y afectados se impliquen». El decreto permite a las corporaciones municipales desarrollar Planes Especiales sin necesidad de incluir estas viviendas en el PGOU. El objetivo: llevar desde ya servicios básicos como el agua, la energía eléctrica y el sistema de depuración de aguas a las agrupaciones de edificaciones. Sin embargo, el proceso de regularización sigue siendo largo y mantiene su principal dificultad: ni ayuntamientos ni propietarios pueden afrontar una inversión de tal calibre. En las viviendas que no están agrupadas, sino diseminadas (las cuales predominan en la provincia de Cádiz) llevar estos servicios es aún más caro.

«Es complicado meternos a todos en el mismo saco, pero lo que permite el decreto es acceder a los servicios básicos antes de llegar a la urbanización, es decir, de acceder al PGOU» reconoce, Joaquín Albaceta, presidente de la Federación del Extrarradio de Chiclana.

Allí vive José Luis, militar jubilado nacido en Cádiz que invirtió en una casa en el año 1998. El dueño de una vivienda de reciente construcción vendió la parcela sin advertirle de que le habían denegado la licencia de obra. «Yo no lo sabía y la compré», asegura. A los dos meses, Urbanismo le advirtió de la «ilegalidad» que cometía y gracias a un escrito en el que los vecinos se comprometían a no construir más logró la licencia de obra. A pesar de ello, comenzaron a construirse más casas en la zona –hoy son varias decenas– y no consiguió la licencia de primera ocupación.

Desde entonces, paga sus impuestos para el Ayuntamiento, como cualquier chiclanero, pero no recibe los mismos servicios que el resto. Además de la cuota de la basura municipal, paga mensualmente un añadido para el trabajador que la comunidad de vecinos tiene contratado. Lo mismo ha ocurrido con el asfaltado o la electricidad. Además, su vivienda se encuentra en la parte baja y recibe todas las aguas fecales de la zona: su pozo está contaminado y necesita de una importante inversión en filtros y cloro para usarla mínimamente, una evidente muestra del desgaste ambiental que puede sufrir el entorno natural.

Chiclana es el término municipal con más viviendas afectadas:hasta 15.000.El Ayuntamiento ya impulsó una ordenanza de regularización para integrar estas viviendas en el PGOU (el cual ha sido suspendido en varias ocasiones). Un trámite para el que los vecinos requieren un «alto coste económico»: al menos 17.000 euros para una parcela de 1.100 metros cuadrados, según el cálculo orientativo de costes del Ayuntamiento.

Los principales colectivos de afectados no ven la luz al final a pesar del decreto de la Junta y muestran su escepticismo con la norma

El colectivo de Chiclaneros Olvidados representa a algunos de los vecinos que más difícil lo tienen en toda la provincia. La autovía de Málaga les separa de la canalización de aguas y su conexión con el resto de la ciudad se antoja aún más complicada. «Un hombre de campo tenía 3.000 metros cuadrados y lo repartió entre sus hijos, que vendieron estas viviendas», recuerda Pepe Olmo, presidente de la comunidad.

La figura del AFO (Asimilado a Fuera de Ordenación) pretende que los habitantes de estas viviendas accedan a los suministros básicos en condiciones mínimas de seguridad y salubridad. Sin embargo, hasta ahora sólo se han acogido un 26% de los afectados. El decreto amplía la cobertura de esta declaración para incentivar los beneficios que brinda esta figura, aunque incluye condiciones. «Se priorizará la actuación inspectora y sancionadora», advirtió Ana Mestre. «Hay muchos que interpretan la figura del AFO como un logro y otros no», asegura Joaquín Albacea.

El caso de Conil, donde «poco afecta» el nuevo decreto, es un buen ejemplo. El término municipal alberga unas 500 viviendas, casi todas diseminadas y sin grupo conocido. El Ayuntamiento, sin embargo, ofreció luz y agua para dar una solución temporal. Les falta saneamiento, pero «al tener servicios básicos casi nadie se acoge al AFO porque es una figura que regulariza, pero no legaliza;te aporta los servicios básicos que muchas casas aquí ya tienen», advierte Sergio Cáceres, del colectivo de viviendas irregulares de Conil. La regularización, además, supone «altos costes que asumen los propietarios».

Hay que pagar para dejar de ser «ilegales», recuerda Jose Antonio Castro, del colectivo de El Puerto, donde también unas 5.000 viviendas están esparcidas por el suelo urbano no consolidado que, en este caso, sí contempla el PGOU del 2013. «Nosotros hemos entregado este decreto a abogados para que lo estudien y vean la viabilidad del mismo con la situación de El Puerto», explica Castro, quien recuerdas las décadas de inacción de los gobiernos socialistas. En sus más de 20 años de lucha recuerda cómo ya en el 2000 el Defensor del Pueblo emitió un informe a la Junta en el que se advertía de las consecuencias del problema.

El principal escollo sigue siendo la inversión:nadie puede financiar la llegada de servicios básicos

La playa de El Palmar, «poco tiene que ver con Conil y las casas diseminadas» y es una de las zonas que afronta el futuro con mayor optimismo. Lejos de tratarse de un diseminado en el campo, se ha formado un asentamiento en sí mismo que ha crecido en los últimos años. El colectivo que representa a los vecinos en la zona ha mantenido reuniones con el Ayuntamiento de Vejer para que se considere el Palmar como asentamiento urbanístico. «La vocación del Palmar es residencial», asegura Manolo Martín, que trabaja parar consolidar unos 1.000 asentamientos con «un enorme potencial»:«Demográficamente es la zona que más va a crecer en los próximos años;va a ser mayor que Vejer».

Al tratarse de una agrupación de viviendas resulta más fácil hacer llegar la electricidad y el agua, a pesar de que gran parte de los propietarios utilizan estas casas como vivienda vacacional.