CRISIS OR EL CORONAVIRUS

La tercera semana de inactividad eleva a 11.500 los ERTEs en Cádiz

El pasado jueves la Junta cofirmó 8.445 expedientes y en solo cuatro días ha aumentado el registro en otras 3.055 solicitudes

Las empresas acuden a la regulación temporal de empleo como medida rápida para salvar los muebles en materia laboral

La empresa Dragados Offshore fue de las primeras en solicitar un ERTE tras la implantación del estado de alarma ANTONIO VÁZQUEZ

Javier Rodríguez

La solicitud de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en la provincia sigue su escalada. El último dato ofrecido por la Junta asciende a 11.500 solicitudes hasta la fecha, es decir, 3.055 más en solo cuatro días . La tercera semana de confinamiento y de cese de la actividad industrial ha llevado a las empresas gaditanas a una difícil situación de supervivencia. Una de las medidas adoptadas por el Gobierno de la nación el 17 de marzo, dos días después de declarar el estado de alarma en nuestro país por el coronavirius, fue la posibilidad de ir a regulaciones temporales de empleo no traumáticas para evitar así una oleada de despidos en las empresas. La provincia sumó hasta el pasado 26 de marzo un total de 8.405 solicitudes de ERTEs con más 20.000 trabajadores afectados . Esta cifra ya se ha quedado corta y la última actualización ofrecida por la Consejería de Empleo de la Junta destaca que el número de solicitudes es ahora de 11.500. Suma y sigue.

El sindicato CC OO, destaca en un comunicado que el sector Servicios es el que ac acapara el 63% de los expedientes y un 60% de los trabajadores afectados; seguido por los sectores encuadrados en Servicios a la ciudadanía con un 7% de los expedientes y la construcción .

De igual menta, el sector de Industria tiene un 4% de los expedientes, mientras el sector sociosanitario registra un 6%, con de ERTEs. Por último, el sector educativo recoge un 4% de los expediente presentados.

La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo presentó en su momento al Consejo de Gobierno de la Junta un informe sobre el impacto de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) motivados por el Covid-19, en el que ha avanzado que todos los recursos humanos del departamento están a disposición de la autoridad laboral para afrontar el alto volumen de gestión generado por el estado de alarma.

Tras las medidas aprobadas por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, las empresas con actividades que están siendo afectadas por el estado de alarma pueden acogerse a un ERTE y quedan exoneradas del abono de las cuotas empresariales , así como de las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, siempre que la empresa tenga menos de 50 trabajadores, o del 75% si tiene 50 empleados o más en plantilla.

Por su parte, los trabajadores afectados por las regulaciones temporales de empleo pueden acogerse durante el periodo a prestaciones por desempleo, aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo, y sin que compute este cobro a los efectos de consumir los períodos máximos de prestación legalmente establecidos. Igualmente, el periodo de suspensión computa como periodo cotizado a la Seguridad Social .

La Junta ha aconsejado acogerse a estas medidas excepcionales como mejor fórmula para afrontar la paralización temporal de la actividad , ya que otros ajustes laborales implican mayores costes tanto para las empresas como para los trabajadores.

El decreto de hibernación, vigente desde el lunes y que paraliza a las empresa no esenciales, agrava aún más la viabilidad de las pymes

La situación del tejido empresarial gaditano se agrava conforme pasan los días de confinamiento e inactividad. El presidente de la Cámara de Comercio de Cádiz, Ángel Juan Pascual , señalaba el pasado martes que el impacto de la pandemia en el desarrollo económico de la provincia es «catastrófico». El decreto de hibernación dictado por el Gobierno el pasado 29 de marzo subía un peldaño más las medidas para evitar la expansión del virus y decretaba el cierre de las empresas no esenciales para el abastecimiento de la población y el mantenimiento de los servicios básicos. De esta forma, el Gobierno recortaba aún más la actividad industrial con el fin de que la movilidad solo fuera del 10%. Un total de 55.607 empresas gaditanas, de las 61.786 que están registradas en el censo, han paralizado su actividad desde el pasado lunes como consecuencia de los dos decretos dictados por el Gobierno sobre el estado de alarma, el 14 de marzo, y en relación al cese de actividades no esenciales, el pasado 29 de marzo.

El Gobierno ha querido reducir la movilidad en el país para evitar la expansión del virus dejando solo activa un 10% de nuestra actividad que se resume en 25 sectores considerados esenciales . En la provincia, solo hay activas en estos momentos unas 6.178 empresas de las denominadas esenciales, mientras que el contingente de ocupados que ha cesado la actividad asciende a 366.240. Solo unos 55.000 trabajadores siguen en su puesto de trabajo. Los datos salen de aplicar los parámetros del decreto de hibernación a los registros de empleo proporcionados por la EPA del último trimestre de 2019 y al censo empresarial de la provincia, cuyo 90%, según la propia patronal, son pymes y autónomos.

Menos burocracia

Para afrontar las repercusiones que el Covid-19 está teniendo en el ámbito laboral, la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha redefinido los p rocedimientos para simplificar al máximo la presentación, a través de una plataforma online , de las solicitudes de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo.

Gracias a esta plataforma simplificada, las solicitudes se cumplimentan en un formulario tipo que se puede presentar con o sin certificado digital. La documentación que es necesaria adjuntar queda recogida en una sencilla guía accesible desde la web , y consiste básicamente en documentación que acredite la actividad de la empresa, inscripción a la Seguridad Social del Código de Cuenta de Cotización (CCC) de los trabajadores afectados, memoria justificativa de la causa alegada (solo si la actividad de la empresa no está incluida entre las suspendidas por el Real Decreto), copia de la comunicación a la representación de trabajadores, relación nominal de todos los trabajadores afectados, y acreditación de la Autoridad Sanitaria (en el caso de aislamiento o contagio de la plantilla decretado por la Autoridad Sanitaria).

Una vez admitida la solicitud que se presente por esta vía, la autoridad laboral puede pedir informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se emite en el plazo de 5 días. El silencio administrativo es positivo.

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