TRIBUNALES

El Supremo confirma la condena a la banda de narcos del actor de 'El Príncipe'

El Alto Tribunal no acepta los recursos presentados por sus abogados y los considera un grupo criminal que alijaba droga por esteros de Chiclana

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La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia emitida en marzo de 2018 por la Audiencia Provincial de Cádiz en la que condenaba a los once procesados por narcotráfico que cayeron en la ‘operación Yupi’, comandada por laGuardia Civil. Entre los detenidos, como se recordará se encontraba N. Azzouz, alias ‘Nono’, quien había sido actor de reparto en la conocida serie sobre tráfico de drogas ‘El Príncipe’.

Pues bien el Alto Tribunal ha rechazado todos los recursos de casación presentados por los abogados de los investigados, declarando por tanto dicha sentencia como firme.

La Sección Cuarta gaditana condenó a Nono a siete años y medio de cárcel por un delito contra la salud pública y otro de integración en grupo criminal. Según emitió entonces el fallo, lo considera la persona encargada de establecer los contactos entre la banda y los proveedores marroquíes.

El juicio se celebró entre octubre y noviembre de 2017 en la Sección Cuarta y en el banquillo de los acusados además de Azzouz se sentaron otros diez procesados, todos ellos detenidos en la llamada ‘operación Yupi’. Estaban acusados de formar parte de una banda que se dedicaba a introducir por esteros de Chiclana grandes cantidades de hachís procedente de Marruecos. La Fiscalía pedía para ellos penas que oscilaban entre los 16 años de prisión y los cinco años y medio, dependiendo del grado de implicación.

Entre el resto de procesados, el considerado como cabecilla fue condenado a 16 años de prisión por los delitos de salud pública, integración en grupo criminal, tenencia ilícita de armas, y delito de cohecho.

Una larga y arriesga operación

Tras meses de intensas investigaciones el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Guardia Civl de Cádiz lograba desarticular esta red, que, según concluyó la Fiscalía, estaba «perfectamente estructurada y se dedicaba a introducir grandes cantidades de droga en la Península procedente de Marruecos, usando como puntos de alijo esteros». En el operativo fueron detenidas una decena de personas y se incautaron casi cuatro toneladas de hachís, además de armas y numerosos coches, barcos y efectos.

Tal y como reproduce la sentencia, a la que tuvo acceso este periódico, fue en noviembre de 2014 cuando los agentes del EDOA tuvieron constancia de que un grupo de personas podía estar preparando un gran alijo. Iban a usar embarcaciones de recreo y entrar por el estero Santa Catalina de Chiclana, que era regentado por algunos de los miembros de la familia Montero, conocida como los ‘Jala Jala’ (un padre y sus dos hijos). Después de varios meses de investigación y al conseguir las evidencias suficientes de que se estaba preparando la infraestructura para llevar a cabo el plan, en septiembre de 2015 se reabrió la causa.

Estas pesquisas apuntaba a D. Ponce como el cabecilla. Con domicilio en Marbella se desplazaba supuestamente por varias localidades de Cádiz, entre ellas Chiclana, para captar al resto de integrantes y ordenar las funciones que tenían que desempeñar en el alijo. Se da la circunstancia que este individuo había sido ya detenido en la ‘operación Estiba’, por delitos de tráfico de drogas y blanqueo. Otro de los acusados también era un viejo conocido de aquella operación. Para lograr su objetivo, Ponce intentó conseguir la colaboración de un guardia civil. Llegó a ofrecerle entre 50.000 y 80.000 euros a cambio de que les ayudara a que el barco entrara sin ser interceptado. Sin embargo, este agente no sucumbió a su ofrecimiento y se puso en marcha la ‘operación Yupi’ que terminó por llevarlos a todos a prisión.

El soborno fallido

Y así el agente, siguiendo las pautas judiciales y policiales marcadas, hizo creer al supuesto líder de la banda que iba a ayudarle en la actividad ilícita. Así conoció el plan y las personas que estaban implicadas. Así, el agente y los investigadores fueron presentando en el juzgado los móviles que le habían dado para llevar a cabo el alijo , de manera que iban tomando nota de las conversaciones antes de que se borraran por un sistema prestablecido.

Según el fallo, las personas que colaboraron en la ejecución del delito, junto a Diego Ponce, fueron ‘Los Jala jala’ «quien aparentaba tener arrendado (en precario) el estero Santa Catalina, en Chiclana, aunque la verdadera finalidad era la de ser usado como punto de alijo de la droga, siendo estos acusados quienes, bajo la supervisión y dirección de Ponce, que les retribuía por ello, llevaban a cabo funciones de vigilancia y acondicionamiento del terreno, botadura y depósito de las embarcaciones, guarda de los efectos necesarios para el buen resultado de la actividad ilícita», dice la sentencia.

A mediados del mes de diciembre, acondicionaron el estero con una rampa desde la que descargarían la embarcación hasta el mar, recibieron y custodiaron dicha lancha, guardada en el interior de un camión contenedor y que trasladó hasta el estero. «Los tres acusados ayudaron en esas tareas y permanecieron en el estero la noche del alijo, llevando a cabo funciones de vigilancia en la zona y colaboración en la botadura de la embarcación». La Audiencia condenó a los ‘Jala jala’ a penas de nueve y siete años de cárcel.

La primera intensificación de las vigilancias desembocó en el hallazgo de una ‘guardería’ de droga en un chalé de Chiclana. Tras registrar la finca se detuvo al ‘guardador’ y se incautaron 68 fardos, 2.040 kilos de hachís. Así, tirando del hilo, los investigadores comenzaron a descubrir que estaban ante una organización criminal, asentada en la localidad, «que tenía buenos contactos para rematar con éxito alijos importantes». Descubrieron que al frente estaba D. Ponce. Era quien supuestamente buscaba proveedores, embarcación y punto de alijo, además de aportar el dinero necesario. Contaba para ello con su ‘lugarteniente’, Juan Manuel R. C., (condenado a siete años y medio) quien se sospecha que era el coordinador con la parte marroquí proveedora del hachís y participaba en la toma de decisiones. Además, otro miembro era Francisco Javier E., socio de Ponce, con el que tenía supuestamente relaciones delictivas desde 2014 y que ha sido condenado a dos años de cárcel por salud pública.