Sin rastro del dinero del fraude ‘Bahía Competitiva’ tras seis años de investigación

La Justicia marca sus propios tiempos. La instrucción del 'Caso Bahía Competitiva', el mayor fraude en ayudas públicas conocido en la provincia , regresa con fuerza esta semana al juzgado de Instrucción Número 4 de Cádiz, donde su titular, la juez Lourdes del Río, toma declaración a los últimos investigados y testigos de esta compleja trama que se hizo con casi 24 millones de euros procedentes de los planes de reindustrialización abiertos por el Ministerio entre 2009 y 2010 en favor de Cádiz, cuna del paro nacional.

La titular del juzgado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, citó este lunes a un notario y a varios testaferros que, supuestamente, facilitaron las operaciones mercantiles para evadir las subvenciones a paraísos fiscales . Sin embargo, la declaración estrella de la semana se espera, precisamente, para este martes cuando aparezca en el juzgado el supuesto cerebro de la red, el empresario gallego Manuel Alejandro Dávila Ouviña, el único de los investigados que pisó la cárcel en 2011.

LA VOZha podido saber que las declaraciones que se llevarán a cabo hasta el miércoles tratan de esclarecer el destino de los 24 millones de euros que aún reclama el Ministerio de Industria por inversiones que nunca se hicieron en Cádiz.

Cabe recordar que este fraude, detectado en abril de 2011 tras requerir Industria la justificación de 14 millones de euros en subvenciones, obligó en 2012 a endurecer las reglas del juego para conceder nuevas ayudas públicas a la reindustrialización de la Bahía de Cádiz . A partir de entonces, la Administración central obliga a los aspirantes a presentar avales bancarios para hacerse con un pellizco de estas ayudas y, además, ha reducido las competencias de la Diputación de Cádiz para la baremación de los proyectos empresariales que optan a ellas.