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Derriban una casa familiar en la zona del Sotillo en Chiclana
Tras años de litigios, un juez ordenó el derrumbe, en un plazo de 10 días, de la propiedad que había sido construida en una «zona inundable»
A las 9:00 de la mañana comenzaba el derribo de una vivienda familiar situada en el Camino de la Gamuza (Chiclana), en la zona del Sotillo. El chalet, ubicado cerca del CEIP La Barrosa, era propiedad de Juan José y Antonia, un matrimonio chiclanero que construyó su propia vivienda en una parcela emplazada en suelo considerado como «inundable». Junto al apoyo de amigos y vecinos, la familia se despedía de su hogar y presenciaba el derribo mezclando emociones de impotencia y rabia, «el 80% de Chiclana hace casas ilegales, pedimos justicia».
La orden para el derrumbe del adosado fue notificada hace 10 días. «El martes nos dieron dos horas para recoger los enseres personales y nos hemos llevado todo el miércoles quitando todo». Previa al derrumbe, los familiares han desinstalado puertas y ventanas, retirado bombillas y otros dispositivos lumínicos, así como retirar cualquier otro objeto, «hemos dejado la casa desnuda», reconocen.
La familia pasó la noche en el interior de la vivienda, que fue posteriormente acordonada por agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil. El perímetro cubría las posibles entradas y varias decenas de vecinos se amontonaron en los accesos del Camino de la Garza. Los residentes y sus allegados esperaban algún tipo de indulto, mientras en el exterior sentían el apoyo de otros residentes que se solidarizaron con el caso.
La familia había solicitado un indulto al Ministerio de Justicia, pero no han conseguido frenar el derribo de la propiedad. «Nos dejan en la calle y en plena pandemia», lamentan. Para más indignación, la familia deberá costear el derribo, abonando una suma que asciende a los 12.000 euros. «Sabemos que ya no podemos hacer nada, pero queremos que lo sepan en toda Chiclana, en Puerto Real o en Conil, esta situación pasa en toda la provincia y nos ha tocado a nosotros». «Somos gente de Chiclana, normales y corrientes», sentencian. Finalmente, a las 11:30 la Guardia Civil desalojó la vivienda para proceder a su derribo, pese a que el colectivo Afectados por la Hipoteca de Chiclana trató hasta última hora de interceder y evitar el desalojo y posterior desahucio de la familia.
Años de litigios
La historia se remonta más de una década, cuando Antonia –aún soltera– opta por comprar una parcela en la zona del Sotillo. Posteriormente, el matrimonio decidiría construir sobre el descampado la que sería su casa. Juan José, antiguo albañil de profesión, se encargó él solo del proceso de edificación, «trabajaba los fines de semana», explica. Poco a poco montaron la vivienda familiar.
Antes de que concluyesen las obras, la familia fue denunciada y multada ya que la zona se consideró como «inundable», no estando permitido construir una propiedad. «Como hacen todos, se buscó abogados y se iniciaron los trámites», cuenta la familia. Pese a ganar algunos recursos interpuestos, el caso fue llevado juicio. «El abogado realizó un trato para que Juan José se declarase culpable y cerrasen el caso».
De esta manera, Juan José fue condenado a nueve meses de cárcel, el pago de una multa y la inhabilitación de su profesión. Dado esto último, hace seis años Juan José tuvo que sacrificarse y viajar a Alemania para trabajar en otro oficio. Hoy en día asegura haberse tenido que reinventar y ejerce como jardinero. Sin embargo y pese a este trato, «los técnicos del Ayuntamiento consideraron que el acuerdo no se podía realizar tras ser una zona inundable». Algo que desmienten los afectados, «no está contemplado así por el Juzgado de Sevilla, que lleva este caso».
Cuatro años de la última gran inundación
Precisamente, se cumplen cuatro años desde las últimas inundaciones en la zona del Sotillo. En aquella ocasión, las fuertes lluvias anegaron por completo caminos, carreteras y parcelas, obligando a la intervención de Bomberos y Policías en el desalojo de viviendas en el Pago del Humo, El Sotillo, Pago Melilla, Venta López y Pinar de los Franceses.
Este suceso podría defender el argumento de derribar una propiedad con altas probabilidades de sufrir daños debido a un fenómeno meteorológico. No obstante, los afectados se consideran los cabezas de turco de esta decisión judicial, «Camino de la Gamuza es una fila llena de casas y solo tiran la nuestra, ¿por qué? Esto es una injusticia».
En este sentido, el 19 de septiembre, el Consistorio anunciaba la posibilidad de ejecutar un estudio de inundabilidad de la cuenca del río Iro y de los arroyos Carrajolilla y Ahogarratones. «Se trata de una gran noticia para Chiclana, ya que así podrán desbloquearse proyectos pendientes para solucionar la problemática de inundabilidad en la cuenca del río Iro, así como en la cuenca de los arroyos Carrajolilla y Ahogarratones», declaraba el alcalde de Chiclana, José María Román.
«No solo se podrán ejecutar aquellos proyectos que posibiliten limitar al máximo la zona inundable del río Iro u otras actuaciones para mejorar la navegabilidad en el tramo urbano, sino que también posibilitará que se pueda ajustar en el Plan General los límites inundables de los terrenos», detallaba el regidor chiclanero. En la actualidad, el municipio se rige por los límites establecidos según el Plan de Inundabilidad de La Janda Litoral, pero «una vez se pueda redactar este proyecto de inundabilidad concreto de la cuenca del río Iro y de la cuenca del Carrajolilla y Ahogarratones, las zonas inundables podrían ser modificadas, de forma que suelos que actualmente son inundables podrían pasar a no serlos».
Más de 15.000 viviendas sin regularizar
El diseminado de Chiclana tiembla ante la sentencia de derribo de esta propiedad irregular en el Sotillo. El nuevo PGOU, tumbado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tras aceptar los recursos de una sociedad mercantil y los ecologistas, pretendía resolver muchos de los apartados que hoy preocupan e indignan a los vecinos. Más de 15.000 viviendas eran consideradas como «urbanizables sin regularizar», según este plan urbanístico que también ataña a la Ordenanza de Regularización de Viviendas.
El presidente de la Federación de la Asociación de Vecinos de Chiclana Norte, Manuel Pérez, reconoce no saber «por qué se falla tanto» con el PGOU de Chiclana, en su opinión, parece estar «maldito». Para Manuel Pérez la base de este plan general era errónea al no contar con los vecinos afectados, que siguen acusando la falta de servicios básicos, así como padecer problemas de inundaciones debido a la inexistencia de un sistema de alcantarillado y desagüe.
El representante de los residentes diseminados tiene muy claro que «mientras sigan sin contar con los vecinos que somos los que pagamos los impuestos, los que sufrimos y los que sabemos nuestras necesidades ningún plan saldrá adelante. Las ciudades hay que hacerlas con los vecinos». Desde la Federación de Vecinos anuncian que ya se encuentran «colaborando en la formulación y estudio del próximo PGOU». En el nuevo Plan General se tendrían en cuenta los resultados del estudio de inundabilidad, previstos para ser concluidos en 2021.
