TRIBUNALES

Los miembros de la banda del Galopa confiesan que traficaban con hachís

Los trece acusados de la 'operación Euyun' reconocen los hechos tras llegar a un acuerdo con Fiscalía

La Audiencia les condena a penas de hasta cuatro años de prisión pero dicta la suspensión para los que no tienen antecedentes por esos delitos

M. Almagro

La puerta principal de la Audiencia Provincial de Cádiz se convertía este martes en un ir y venir de abogados que entraban y salían de los juzgados para hablar con sus clientes que esperaban fuera si se llegaba o no a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía . Las medidas para prevenir contagios de Covid mantenía a los procesados en el exterior para evitar que se aglomeraran en los pasillos. Los trece miembros de la banda del Galopa de Sanlúcar, procesados por narcotráfico, se enfrentaban al juicio que finalmente no se ha celebrado porque todos ellos llegaban a un acuerdo al reconocer los hechos que se les imputaban. Los acusados acudían al juicio en situación de libertad tras haber cumplido la prisión preventiva, excepto uno.

Tras casi dos horas de negociación , los acusados iban entrando en la sala y uno a uno a preguntas de la presidenta del tribunal aceptaban los hechos por los que se han sentado en el banquillo. Admitían ser autores de un delito contra la salud pública con agravante de uso de embarcación y otro delito de integración en grupo criminal. Algunos como autores y otros como cómplices.

Por tanto, se conformaban en aceptar las penas impuestas por el Ministerio Público por estos delitos ( desde los cuatro años y ocho meses de prisión hasta el año y medio , además de multas de más de un millón de euros para algunos de ellos.

Las defensas solicitaban la suspensión de la condena para aquellos a los que no les consta antecedentes imputables en esta causa. El tribunal, que pronunciaba la sentencia in voce , concedía estas suspensiones en algunos de los encartados por término de tres y cuatro años. Es decir, como les precisaba la magistrada, durante ese tiempo no podrán cometer ningún delito ya que ingresarían inmediatamente en prisión.

Este procedimiento es fruto de una compleja investigación que tuvo su punto de partida en el hallazgo de un barco que se había quedado varado en la escollera del Castillo de San Sebastián con 120 kilos de hachís en su interior. Fruto de la intervención de este alijo, los agentes detectaron los contactos que la organización establecía en Ceuta, Algeciras o Marruecos para aprovisionarse de la droga. Igualmente, localizaron a cada uno de los miembros de la supuesta organización, el rol que desempeñaban en ella, así como domicilios, vehículos que utilizaban y jerarquía entre sus miembros.

Con todos estos datos, los investigadores pudieron conocer que estaban preparando un alijo de hachís y que se estaban haciendo con diferentes barcos para tal objetivo. El operativo puesto en marcha intervino varios de estos alijos. Por todo ello, se procedió a la entrada y registro de hasta seis domicilios de Sanlúcar de Barrameda y Puerto Real en 2018.

Durante las pesquisas los investigadores constataron que eran dos las personas que estaban al frente de todos los demás. F. J. J., (sentenciado a cuatro años y ocho meses) quien era el que establecía los contactos con los proveedores marroquíes. Y el Galopa, conocido narco de Sanlúcar y considerado como el cabecilla de la organización. El Galopa ha sido el gran ausente de este juicio ya que falleció poco después de salir de la cárcel tras permanecer algo más de un año en preventivo.

Como informó la Guardia Civil tras la operación, la forma de actuar de este grupo consistía en utilizar pequeños puertos deportivos de Cádiz como punto de botadura y partida de las embarcaciones recreativas de pesca que traería la droga. Así, bajo la apariencia de una excursión de pesca, se trasladaban mar adentro hasta un punto previamente convenido donde una semirrígida de gran potencia les abastecía de la droga que debían transportar, volviendo al puerto de partida con las cañas echadas y todos los enseres de la supuesta pesca desarrollada.

Asimismo, la organización utilizaba otros barcos, donde otros integrantes de la organización informaban de la posible presencia policial, todo ello para dar seguridad al alijo planeado. Una vez que la droga se encontrara en el puerto deportivo la transportaban de forma discreta hasta la «guardería» que tenían preparada.

La operación fue desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz, el Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de El Puerto y el Departamento de Vigilancia Aduanera de Cádiz

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