Maribel Peinado abandona la vida política y deja su acta de concejal y de diputada

La carrera política de la diputada provicnial y concejal del PA en Puerto Real, Maribel Peinado, toca a su fin o, al menos, pone un punto y aparte hasta que la Justicia resuelva el recurso que ha presentado contra la sentencia que la inhabilita por dos años y medio como cargo público. Peinado, que ya renunció al cargo de vicepresienta de la Diputación a mediados de junio, ha anunciado que entrega el acta de concejal y abandona también su silla en la Diputación. Se reincorpora a su puesto como docente. Peinado ya comunicó su renuncia a encabezar la lista de su partido en Puerto Real en las próximas elecciones municipales de 2019.

El origen de su retiarda de la vida pública es la sentencia que la ha condenado por negar a la oposición el acceso a la información durante su etapa de alcaldesa del Ayuntamiento de Puerto Real. Peinado mantiene su inocencia y este jueves presentó el recurso a la Audiencia Provincial contra el fallo judicial porque entiende que su gestión de Gobierno «no ha vulnerado ningún precepto penal».

La que fuera alcaldesa de Puerto Real ente 2011 y 2015 compareció este jueves en la sede de los andalucistas para anunciar su marcha. Su acta de diputada provincial pasará a manos del número dos del PA en las pasadas elecciones, Ángel Gómez De la Torre . Por su parte, Fernando Boy, ex Concejal de Deportes entre 2011 y 2015, asumirá su escaño en el Pleno a partir de Septiembre.

Además, la Fiscalía Provincial pide seis años de inhabilitación para ella y su Junta de Gobierno Local por el caso de los Aceites Usados. El Juzgado de Instrucción 1 de Puerto Real imputó en 2014 a la entonces alcaldesa de esta localidad gaditana, María Isabel Peinado (PA), por prevaricación al firmar un convenio de exclusividad con una empresa privada para la gestión de los aceites usados de origen doméstico y comercial. También fue imputada por el mismo caso la concejal de Medio Ambiente del municipio, María Beatriz Parrado. Esta imputación es la respuesta judicial a una querella presentada por la Asociación Nacional de Gestores de Residuos de Aceites y Grasas Comestibles (Ceregras), encargada de garantizar su gestión en el ámbito nacional y europeo.

La asociación ve ilegal el monopolio del sector y según el auto de admisión de la querella, tanto la exalcaldesa como la exconcejal podrían haber cometido presuntamente delitos contra la Administración pública y vulneración del principio de libre competencia del mercado. El aceite usado está catalogado como un subproducto que tiene valor económico 'per se' . En el 99% de los casos este aceite se destina a la fabricación de biodiésel, que es lo que genera más rentabilidad económica. Pero en Puerto Real, esa gestión la está realizando solo la empresa que ha monopolizado el sector, ella se queda con todo el beneficio y los hosteleros no cobran nada por el subproducto, porque están obligados a entregar el aceite únicamente a esa empresa. Según asegura Ceregras y como ya denunció públicamente el partido Equo, el Ayuntamiento se queda con el 10% de los beneficios de la empresa que monopoliza el sector.