FIN DEL PEAJE DE LA AP-4
Las cabinas del peaje de la autopista se desmontarán antes de primavera
El contrato de conservación de emergencia incluye la obra de desmantelamiento de la estructura en Las Cabezas
La previsión es que quede expedita antes de que aumente la circulación con la Motorada de Jerez y la temporada de playas
El siguiente paso tras la liberalización del peaje de la autopista AP-4 entre Sevilla y Cádiz es la retirada de las cabinas de pago que se encuentran en el término de Las Cabezas de San Juan . El Ministerio de Fomento ya trabaja en el proyecto técnico para su demolición. De hecho, la obra se encuentra incluida en el contrato de emergencia de conservación y mantenimiento de la autopista que tuvo que licitar el Ministerio a finales de diciembre por la vía de urgencia.
Esta maniobra tuvo lugar a raíz del recurso de impugnación interpuesto por la hasta entonces concesionaria de la carretera, Abertis. La empresa que ha explotado la AP-4 no estaba de acuerdo con algunas de las directrices que marcaba el contrato de Fomento y, por ello, decidió frenar su licitación pública con un recurso. Esta situación es lo que obligó a Fomento a redactar un contrato de emergencia para que mismo día 1 de enero de 2020, fecha en la que entró en vigor la liberalización del peaje, se contara con un plan de conservación de la carretera mientras los tribunales resuelven el recurso de Abertis.
Efecto embudo
La demolición de las cabinas de pago no se puede alargar en el tiempo, ya que la autopista multiplicará su circulación en primavera con el Campeonato de Motos de Jerez y, más tarde, con la temporada de playas de los meses de verano. Todo apunta a que la retirada de las cabinas, barreras y oficinas del peaje se llevará a cabo en el primer trimestre del año , antes de la Semana Santa, que en esta ocasión será en la segunda semana de abril.
Es evidente que la presencia de las cabinas supone un obstáculo para la circulación y aunque las barreras están levantadas dando vía libre al tránsito de vehículos se puede producir el efecto embudo cuando la frecuencia de paso sea más intensa.
Abertis interpuso un recurso contra el contrato de mantenimiento de Fomento y en diciembre hubo que adjudicar otro por emergencia
El Ministerio de Fomento ya retiró en 2005 toda la infraestructura del peaje de Jerez, que se eliminó en mayo de ese año tras un acuerdo entre la Junta de Andalucía y la concesionaria por más de 72 millones de euros. El Gobierno regional, presidido entonces por el socialista Manuel Chaves , procedió al rescate y a liberar un tramo de la autopista.
La obra de Las Cabezas es similar a la que se desarrolló en Jerez. La amplitud de la zona de peaje facilitará los trabajos de adecuación de la vía a las nuevas necesidades y, por tanto, no será necesario cortar al tráfico de la autopista. La circulación se desviará por medio de conos. La actuación de desmantelamiento estará pilotada por la Demarcación de Carreteras de Sevilla y la empresa API Movilidad , que tiene asumido el contrato de emergencia de conservación de la carretera hasta nueva orden. La obra incluye además un proyecto de seguridad vial y un plan especial de tráfico para la zona.
El recurso de Abertis en la AP-4 y AP-7 contra el contrato público de conservación de ambas autopistas llevó al Ministerio de Fomento a mover ficha a finales de diciembre y encargar a FCC, Sacyr y API, a través de «contratos de emergencia», el mantenimiento de los dos tramos de la autopista AP-7 y de la AP-4 Sevilla-Cádiz que han quedado exentos de peaje tras la no renovación de su concesión a Abertis.
API Movilidad se encargará de la conservación de la carretera hasta que se resuelva el recurso de Abertis
Así, Fomento ha tenido que recurrir a encomiendas «de emergencia» ante el recurso que Abertis interpuso contra el contrato que el Ministerio licitó en noviembre para buscar una empresa que realizara la conservación de las autopistas a partir de este año en el que quedaban exentas del pago y de la cobertura privada de Abertis.
Así, ante la imposibilidad de tener resuelto y adjudicado este contrato para Año Nuevo, el pasado 4 de diciembre Fomento resolvió su encargo a través de contratos declarados de «emergencia». En concreto, se encomendó a Sacyr el mantenimiento del tramo de la AP-7 entre Tarragona y Valencia, y a Matisa, filial de FCC, el correspondiente al trazado de esta autopista entre Valencia y Alicante. De su lado, API Movilidad ha asumido los trabajos de conservación de la AP-4 Sevilla Cádiz .
Los contratos incluyen los trabajos de demolición de las playas y casetas de peaje de las autopistas y su conservación en tanto se resuelve y entra en vigor el contrato recurrido. Abertis ha recurrido el procedimiento de contratación de las empresas que asumirán el mantenimiento de las autopistas por el desacuerdo que mantiene con el Ministerio sobre el número de trabajadores actualmente encargados de estos trabajos que deben subrogarse en el nuevo contrato.
Discrepancias
Según Abertis, « existen ciertas discrepancias» entre el listado de trabajadores susceptibles de subrogarse propuesto por Fomento y el planteado por el grupo controlado por Atlantia y ACS. «La compañía mantiene su postura de que todas las personas propuestas al Ministerio son subrogables y, por ello, decidió impugnar los pliegos del contrato de mantenimiento», según Abertis.
La empresa concesionaria alcanzo en diciembre un acuerdo con sus sindicatos para aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE) para 136 trabajadores de las dos autopistas, de los que 25 correspondían a la autopista Cádiz-Sevilla. Se trata del personal encargado del cobro de los peajes, alrededor del 45,3% de la plantilla total , toda vez que se esperaba que los relacionados con el mantenimiento de la infraestructura se subrogaran en el nuevo contrato de conservación que firme Fomento.
El Ministerio logró «luz verde» del Consejo de Ministros en agosto para sacar a concurso las labores de conservación de estas dos autopistas que vuelven al Estado, un trabajo estimado en 153 millones de euros.
Se trata de la segunda ocasión en que dos vías de pago revertirán al Estado y dejarán de cobrar peaje por concluir su contrato de concesión, después de que hace justo un año, en 2018, ya ocurriera en el caso de la AP-1 Burgos-Armiñón. En ese caso, Fomento acordó con Itínere, la concesionaria de la vía, que se siguiera encargando de su mantenimiento hasta que se resolvió el nuevo contrato, dado que se licitó con una ajustada antelación.
