Un juez admite a trámite la demanda de un cura contra el arzobispo de Granada por acoso moral y coacciones

El Juzgado de Instrucción número 1 de Granada ha admitido a trámite una querella por calumnias, injurias, acoso moral y coacciones presentada por el sacerdote Francisco Javier Martínez contra el arzobispo de Granada que, curiosamente, tiene el mismo nombre y apellido: Francisco Javier Martínez. El arzobispo de la diócesis granadina ha sido citado a declarar ante el Juzgado el día 26 y se convierte así el en primer prelado de España denunciado por este motivo. No obstante, el prelado estudia recurrir la admisión a trámite de la demanda.

Los orígenes de esta querella están en la redacción de un libro sobre la Catedral de Granada que fue encargado por el anterior arzobispo, Antonio Cañizares y paralizado por el actual arzobispo. En este sentido, un grupo de 35 profesores universitarios y catedráticos arremetió contra monseñor Francisco Javier Martínez por paralizar la elaboración de la obra. Los autores, entre los que se encontraba el canónigo demandante, denunciaron en su día que el arzobispo prelado no podía actuar de esa forma y acusaron al prelado de presionarles.

Inhabilitación

El Arzobispado, por su parte, reconoció que la Iglesia de Granada encargó a dos coordinadores distintos dos libros sobre la catedral de Granada, uno de carácter histórico y artístico, y otro de contenido teológico y pastoral. Según la versión de la máxima jerarquía eclesiástica granadina, uno de los libros llegó a la imprenta sin mayores problemas. El otro, en cambio, no, algo de lo que el Arzobispado culpó al coordinador de este segundo libro.

Tras este enfrentamiento, el arzobispo inhabilitó a su homónimo para ejercer sus funciones sacerdotales, le destituyó como canónigo, le retiró de su cátedra de la Facultad de Teología y le relevó por decreto de su puesto de archivero en la catedral de Granada, datos en los que el clérigo basó su querella.

Según el escrito, el arzobispo ha sometido al sacerdote a «acoso moral» desde que tomó posesión del cargo en junio de 2003 procedente de la Diócesis de Córdoba.

En diciembre, el sacerdote presentó una demanda por conciliación contra el arzobispo, a quien acusaba de calumniarle e injuriarle en una carta en la que supuestamente le achacaba una apropiación indebida relacionada con su trabajo como archivero y le imputaba quedarse con los derechos de propiedad intelectual del libro paralizado. El acto de conciliación acabó sin avenencia al no retractarse el prelado, a quien la juez rechazó su recurso basado en que el caso es competencia de la jurisdicción eclesiástica y no la Civil ordinaria. Ahora, otro juzgado ha admitido a trámite la querella del sacerdote.