SERVICIOS SOCIALES
El PP arremete de nuevo contra Podemos por su política social
Piden medidas efectivas para la gestión de ayudas sociales y la retirada de la carta a la usuaria a la que se le prohibió su entrada en asuntos sociales
La situación de los servicios sociales en la ciudad volverá a ser asunto de debate en el pleno municipal de este mes de marzo que se celebra este viernes.
El Grupo Municipal Popular ha presentado una propuesta en la que insta al equipo de Gobierno municipal a que estudie e implemente las medidas efectivas para la resolución de los conflictos que se están produciendo en los últimos meses en la tramitación y gestión de las ayudas sociales en la delegación de Asuntos Sociales.
En esta iniciativa, los populares exigen a su vez que se retire la carta remitida a una usuaria de los servicios sociales de Cádiz en la que se le prohibe acudir a dichas dependencias si no es requerida para ello y en la que, asimismo, se advierte de que perderá ayudas sociales por motivos que no están relacionados con el cumplimiento o no de las condiciones sociales, económicas y familiares exigidas legalmente para la concesión de esas ayudas.
Mercedes Colombo, concejal popular, señala que la gestión de las ayudas al pago de las facturas de luz y agua , así como el de los alquileres de vivienda «nunca ha sido sencilla y no solo por el volumen de ayudas que se han concedido desde los inicios de la crisis económica sino por la comprensible situación de desánimo y malestar de aquellas familias que tienen que recurrir a este servicio».
Asegura además que los trabajadores de esta delegación y de todas las administraciones cuentan con la suficiente formación profesional para la gestión de este tipo de ayudas y que reciben una formación especializada en el trato con los usuarios que son susceptibles de recibirlas, integrando en esa formación aspectos sociales, psicológicos y de diversa índole.
«Castigar a los críticos»
Para Colombo, «no es de recibo que la frustración de las familias que engañaron durante tanto tiempo ahora les respondan echándolas del pleno o amenazándolas con que van a perder las ayudas». A su juicio, « las políticas sociales no entienden de sectarismo y hay que ayudar a quienes lo necesitan sin mirar si te critican en el pleno o no. Y eso es lo que está haciendo Podemos, castigar a quienes son críticos con ellos. Lo hicieron con las mujeres víctimas de violencia de género y ahora quieren hacerlo con otras usuarias».
Recuerda que las sedes de la delegación contaban con servicio de seguridad que se reforzó en su día «cuando se produjeron varios sucesos no deseados por parte de algunos usuarios en despachos de concejalas, sobradamente conocidos por el actual equipo de Gobierno».
Así, añade, «ni los lamentables sucesos a los que hacemos referencia ni la desesperación de ninguna familia en su petición de ayuda al Consistorio pueden justificar la remisión de una carta a una usuaria de los servicios sociales que implique la amenaza de retirar las ayudas que por derecho le corresponden ». Asimismo, «no debe implicar ni mucho menos la prohibición de acudir a dichas dependencias».
Recordar que en el escrito le decían a esta usuaria -que irrumpió en un pleno exigiendo que el alcalde le escuchara y que ha acudido en varias ocasiones a la delegación de Asuntos Sociales- que tendría que formular exclusivamente sus peticiones por escrito, « absteniéndose de entrevistarse con los profesionales de esta Administración que desarrollan la intervención social, salvo que sea requerida para ello y en presencia del Servicio de Seguridad que a tal efecto sea designado».
Además, le advertían de que, «en caso de reincidencia o reiteración», en esa actitud que el Ayuntamiento considera ofensiva, se procedería «a la suspensión temporal o definitiva de cualquier tipo de prestación social cuya tramitación compete a la Administración municipal».
