CÁDIZ

El desalojo de los policías jubilados en Cádiz, con lupa

El subdelegado del Gobierno solicita al Ayuntamiento que le dé información de cada uno de los casos con el fin de determinar los que no tienen «soluciones habitacionales alternativas»

De las siete viviendas, tres están ocupadas por agentes jubilados y otras cuatro por hijos o personal sin ascendencias sobre los ocupantes iniciales

CádizActualizado:

El caso de los agentes jubilados que han recibido una orden de desalojo por ocupar viviendas de la Policía Nacional desde hace décadas se estudiará de manera individualizada. Así lo ha comunicado el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, en una reunión que ha mantenido este martes con los grupos políticos del Ayuntamiento de Cádiz para tratar este tema.

«Los poderes públicos tenemos la obligación de cumplir la ley y no provocar agravios comparativos con aquellos policías que acataron la normativa y entregaron su vivienda cuando dejaron de formar parte del Cuerpo Nacional de Policía», ha manifestado Pacheco, quien también ha insistido que, a pesar de ello, «a todos nos une un objetivo común y es que nadie se quede en la calle».

Según ha detallado, el proceso que ahora les compete exactamente a estos agentes comenzó en 2018 por tres motivos. El primero de ellos, porque los sindicatos y plantillas policiales solicitaron información sobre la ocupación y el título habilitantes con respecto a 48 de estas viviendas de un total de 1.692 en toda España.

En segundo lugar, la orden de desalojo se produjo por «la necesidad de rehabilitar las viviendas, para lo cual se ha hecho un plan de mejora de infraestructuras» y, como tercer motivo, por «la necesidad de dar respuesta a funcionarios que necesitan una vivienda por traslado».

A partir de ese momento la División Económica y Técnica de la Subdirección General de Logística e Innovación inició un procedimiento de aviso para la desocupación de las mencionadas viviendas comunicando a los afectados la obligación de abandonarlas. En Cádiz dicho aviso definitivo se dio en marzo.

En el caso de Cádiz, se trata de siete viviendas. De ellas, tres están ocupadas por antiguo personal de Policía y cuatro por hijos o personal sin ascendencias sobre los ocupantes iniciales.

Reunión mantenida para tratar este asunto.
Reunión mantenida para tratar este asunto.

Pacheco ha recordado que «la base jurídica por la cual el Gobierno de entonces basó su iniciativa son las llamadas 'Normas para la asignación, uso y desalojamiento de los pabellones de las Fuerzas de la Policía Armada', publicadas en la Orden General número 25 de 5 de agosto de 1968, aún en vigor.

En este sentido, la décima de esas normas especifica que «terminara el uso del pabellón asignado y, en consecuencia, se procederá el desalojo en el caso de retiro forzoso por edad, traslado, pase al Ejército o fallecimiento del usuario».

En cualquier caso, el subdelegado se ha comprometido a «elevar las conclusiones de la reunión a la Dirección General de Policía, a estudiar los casos de manera individualizada y buscar respuesta a aquellos casos en los que se determine que haya un problema social».

Se verá si tienen otras propiedades

Por su parte, la concejala de Vivienda, Eva Tubío, ha informado que desde la empresa municipal de vivienda, Procasa, «se ha puesto a disposición de los afectados todos los recursos municipales de mediación y asesoramiento de la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda, especialmente para aquellas familias en las situaciones de vulnerabilidad, como las de personas mayores, con problemas de salud y pensiones muy bajas que les dificulta el acceso a otra vivienda».

Aún así, Tubío ha matizado que «en este conflicto habrá que discriminar los casos de necesidad con otros que puedan existir en los que las personas requeridas tengan otra situación más favorable, por ejemplo, otras propiedades».

De este modo, Eva Tubío se ha comprometido a que el Ayuntamiento realizará un estudio de cada caso. Y mientras que se termina dicho análisis, ha solicitado que «paralicen los trámites administrativos, dentro del margen de acción que la legalidad vigente permita, a fin de que las personas afectadas puedan tener más tiempo para buscar una solución».