PROVINCIA
Días contados para las narcolanchas
El Gobierno ultima la ley que prohibirá su uso y que supondrá un importante golpe para las mafias del narcotráfico en el Campo de Gibraltar
Símbolo del tráfico de hachís en el Estrecho de Gibraltar , las narcolanchas se han convertido en un icono para las mafias y en el medio más rápido y eficaz para transportar la droga procedente de Marruecos hasta la costa española. Hay quien incluso luce tatuajes con estas embarcaciones haciendo alarde de su ilícito modo de vida. Siempre han existido pero el auge del narcotráfico en el Campo de Gibraltar hizo que se disparasen todas las alarmas.
Es frecuente ver a los narcos a bordo de estas embarcaciones llegando a la costa, donde esperan los porteadores para alijar la droga y llevarlas hasta las ‘guarderías’ –lugares donde se almacena– hasta su posterior distribución.
Las narcolanchas se han convertido en el mejor arma de los narcotraficantes. Son capaces de cruzar el Estrecho de Gibraltar cargadas de droga en tan sólo 15 minutos y aventajan en 15 ó 20 nudos en velocidad a las embarcaciones de la Guardia Civil. Y es que pueden alcanzar una velocidad de entre 60 y 70 nudos, lo que equivale a entre 120 y 140 kilómetros por hora.
Al ser mucho más rápidas que las empleadas por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, permiten a los narcos zafarse de la acción policial en numerosas ocasiones.
Hasta 3.000 kilos
Se trata de embarcaciones, normalmente semirrígidas, con tres motores Yahama de 350 CV. Miden 12 metros de eslora por 2,5 de manga y suelen lllevar entre 2.500 y 3.000 kilos de hachís.
En su interior sólo tienen un caballete para cuatro tripulantes aunque se han visto narcolanchas cargadas con más personas. Estas embarcaciones se han convertido por tanto en un instrumento indispensable para las mafias que operan en el Estrecho de Gibraltar, que ahora incluso están transportando a inmigrantes, tal y como se ha conocido esta semana gracias a unos videos en los que se ve a jóvenes marroquíes subiendo a una narcolancha en una playa de Marruecos y llegando luego a la playa de Los Lances de Tarifa (Cádiz).
Anteproyecto de Ley
El anterior ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, inició los trámites para la prohibición de estas embarcaciones y su sucesor, Fernando Grande-Marlaska, los ha continuado.
Así, el pasado 13 de julio, el Consejo de Ministros dio el visto bueno, tras el oportuno informe del Ministerio de Hacienda, a la tramitación del Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica de Represión del Contrabando para combatir a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al contrabando de tabaco mediante la declaración como género prohibido, a efectos de la ley, de las embarcaciones de alta velocidad utilizadas por las mafias, especialmente en la costa del Campo de Gibraltar.
El objetivo es penalizar «el uso ilegítimo de las embarcaciones semirrígidas y neumáticas de alta velocidad» utilizadas para la introducción, sobre todo de hachís procedente de Marruecos, aunque también de tabaco procedente de Gibraltar.
El Gobierno explica en dicho anteproyecto que resulta muy difícil proceder legalmente contra las narcolanchas si no contienen carga ilícita en el momento de ser interceptadas, por lo que el objetivo es que se tomen en consideración parámetros objetivos, como las características técnicas de la embarcación, su titularidad o la finalidad de su uso, para poder proceder a su incautación, incluso en tierra y sin carga ilícita, e incoar los correspondientes expedientes sancionadores, o bien formular las denuncias por delito de contrabando que resulten pertinentes.
Género prohibido
De este modo, las narcolanchas serán consideradas como género prohibido y se podrá proceder a su decomiso en cuanto sean detectadas. Además, las actividades relacionadas con las mismas tendrán implicaciones penales o administrativas.
Por tanto, cuando esta normativa entre en vigor, la tenencia de estas embarcaciones, al igual que su fabricación, circulación, importación, exportación, actividad de comercio y rehabilitación, constituirán, salvo que se cumplan los requisitos legales, una infracción administrativa si el valor de las embarcaciones aprehendidas no supera los 50.000 euros, o bien, si supera esa cantidad, un delito de contrabando, sancionado con pena de prisión de uno a cinco años y multa de hasta seis veces el valor de los bienes incautados, según se destaca desde la Agencia Tributaria.
Esto afectará a las embarcaciones neumáticas y semirrígidas de más de ocho metros de eslora, así como a las de longitud inferior que cuenten con una potencia máxima igual o superior a 150 kilovatios «y a cualquier otra embarcación, con independencia de dimensiones y potencia, si existen indicios racionales de que pueden ser utilizadas para cometer o facilitar la comisión de un delito de contrabando», agrega el documento.
Eso sí, se establecerá un régimen de excepciones a las narcolanchas adscritas a la defensa nacional, los buques o embarcaciones de Estado extranjeras que se encuentren legalmente en aguas españolas, las embarcaciones del Estado y administraciones territoriales, y las adscritas a organizaciones internacionales reconocidas como tales en España, así como las embarcaciones auxiliares «efectiva y exclusivamente afectas al servicio de una embarcación principal».
También lo estarán las adscritas a labores de salvamento y asistencia marítima, la utilizadas para navegar por lagos ríos y aguas fuera del espacio marítimo español, «las afectas al ejercicio de actividades empresariales, deportivas, de investigación o formación, y las de recreo destinadas a uso privado que cumplan los requisitos reglamentariamente establecidos en materia de seguridad, técnicos y de comercialización».
Registro
El Gobierno, para garantizar el cumplimiento de esta norma, creará el Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad, ubicado en el Ministerio de Hacienda, al que podrán acceder otros organismos, y un mecanismo de inspección y control.
La propuesta de cambio normativo establece además un periodo de seis meses desde su aprobación hsta la entrada en vigor para que se regularice la situación de las que pueden ser autorizadas e inscritas en dicho.
