Cuando la ayuda social sale cara

a campaña de la declaración de la renta afectará este año a muchos más contribuyentes en la provincia de Cádiz. No es que la recuperación económica haya elevado milagrosamente los niveles de ingreso de los ciudadanos, sino que el fisco cuenta con más mecanismos para obligar a tributar a aquellos que se creen exentos por no llegar al mínimo para ello, que sigue fijado en 22.000 euros al año procedentes de un solo pagador.

Ese es el caso de los que perciben ayudas sociales para pagar el alquiler o la hipoteca o los beneficiarios de bonificaciones para los recibos de luz y agua que ofrecen los ayuntamientos. Todas esas subvenciones que no están contempladas entre las exenciones deberán ser declaradas para no tener problemas con Hacienda.

La norma no es nueva, la ley ya obligaba a informar sobre este tipo de compensaciones económicas, pero no había mecanismos para reclamarlo.Las cosas han cambiado esta campaña durante la que la Agencia Tributaria cuenta con una mayor información que le aportan el resto de administraciones públicas, en cumplimiento de una orden ministerial que entró en vigor el pasado mes de septiembre. Antonio Paredes, experto en gestión tributaria del sindicato de técnicos de Hacienda (Ghesta), señalaque los que pueden verse afectados son aquellos que tienen ingresos anuales de entre 13.000 y 17.000 euros, como pensionistas o asalariados con sueldos bajos y que pueden acceder a estos programas de ayuda. Indica que esa subvención computa como un incremento patrimonial, lo que obliga a declarar al contribuyente aunque no llegue a acercarse siquiera al mínimo habitual. Ese podría ser el caso de muchos de los beneficiarios de las ayudas que semanalmente aprueban ayuntamientos como el de Cádiz.

Para que el lector pueda hacerse una idea de las consecuencias, Paredes pone como ejemplo el caso de las pensiones de los emigrantes retornados, cuya tributación fue exigida después con recargos. «Se pueden ver en la misma situación y las multas no son baratas», advierte.

Los afectados

Este especialista en gestión tributaria deja también claro que «prácticamente cualquier ayuda obliga a presentar la declaración». Ya son de sobra conocidos los casos de ciudadanos que han sido amonestados por la Agencia Tributaria por no declarar las ayudas del Plan PIVE para la compra de coches o las del alquiler para jóvenes. «El control ahora es mucho mayor, con más información a mano y más posibilidades para cruzar datos», asegura.

Calcular el número de personas que pueden verse en esa situación es difícil. El representante de Ghesta aclara que «sería necesario consultar la situación de los beneficiarios de ayudas públicas de cada administración», pero tal como está la situación y dada las características de la provincia de Cádiz, el contingente se podría contar por miles.

Para evitar este tipo de situaciones los técnicos de Hacienda recomiendan cambiar la Ley Tributaria e incluso las ayudas de carácter social entre las exenciones, evitando así provocar un mayor perjuicio al beneficiario. «Quizá sería conveniente ofrecer bonificaciones de menor cuantía, pero que luego no supongan un problema económico para el que las recibe», indica.