Con 182 votos a favor, 143 en contra y 2 abstenciones, el 28 de noviembre el Congreso de los Diputados aprobó la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), la séptima normativa de esta índole de la democracia y una de las más polémicas y contestadas. La Cámara baja dio su visto bueno después de un año y medio de numerosas protestas en la calle de la denominada 'marea verde', dos huelgas generales de la enseñanza, el rechazo de varias comunidades autónomas y la crítica unánime de toda la oposición que se escenificó en la falta de consenso de una ley que solo recibió el respaldo del PP.
El Gobierno de Mariano Rajoy se puso como objetivo prioritario nada más llegar a la Moncloa aprobar una reforma educativa para tratar de paliar la elevada tasa de abandono escolar temprano, que con el 25% España dobla la media de la UE, y mejorar los pobres resultados de los estudiantes en las evaluaciones internacionales como PISA (cuyo último y reciente informe constata un rendimiento en matemáticas, ciencias y lectura por debajo de la media de la OCDE). Sin embargo, desde la presentación del primer borrador en junio de 2012 el rechazo de la comunidad educativa a la normativa fue creciendo.
Esa oposición de profesores, padres y alumnos se puso de relieve, además de con numerosas manifestaciones, con dos huelgas generales (9 de mayo y 24 de octubre) que dejaron cientos de aulas vacías y la presentación de 1,7 millones de votos contra la Lomce recabados en un referéndum celebrado en septiembre por la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública. En paralelo a las protestas en la calle, el rechazo de la oposición en el Parlamento se escenificó el 17 de julio con la firma de un acuerdo por parte de la mayoría de los partidos contrarios a la normativa (todos salvo UPyD y Foro) a derogarla en la próxima legislatura si cambia la mayoría en la Cámara. Además, el PSOE ya se ha comprometido a recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional.
Conflicto lingüístico
Uno de los aspectos de la Lomce que enseguida provocó el no rotundo de algunas comunidades autónomas como Cataluña fue el trato a las lenguas cooficiales. En concreto, la ley contempla el derecho de todos los alumnos a recibir la enseñanza en castellano como lengua vehicular y obliga a los gobiernos autonómicos a asumir el coste de la escolarización de los alumnos en un centro privado que cumpla esos requisitos. Tras el dictamen del Consejo de Estado, que vio difícilmente aplicable este punto, será el Estado quien asuma el coste de la escolarización y sustraerá la cuantía correspondiente de la transferencia a la comunidad autónoma.
Otra de las principales novedades de la normativa tiene que ver con las evaluaciones externas al final de cada etapa educativa (Primaria, ESO y Bachillerato. La normativa también apuesta por modernizar la Formación Profesional y adelantar los itinerarios en 4º ESO con dos cursos (uno orientado hacia la FP y otro hacia el Bachillerato). En la Lomce también sale reforzada la Religión. La asignatura confesional contará para la nota media, repetir curso y acceder a una beca, cumpliendo así una de las principales reivindicaciones de la Conferencia Episcopal. Se crea además una materia espejo, Valores Culturales (Primaria) y Valores Éticos (Secundaria). Además, desaparece Educación para la Ciudadanía y se blindan los conciertos a los centros de educación con segregación por sexo.
Sin embargo, uno de los principales quebraderos de cabeza del Ministerio ha sido la financiación de la normativa hasta el punto de que la presión de las comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el PP, le obligaron mediante una enmienda en el Senado a ampliar el tiempo de aplicación por miedo a los costes económicos de su implantación. De esta forma, la Lomce solo se aplicará en Primaria el próximo curso, dejando para el 2017 las evaluaciones al final de cada etapa y el fin de la Selectividad.
