La reforma de las pensiones aprobada en 2013 introduce dos cambios radicales en el sistema. En primer lugar, las prestaciones ya no se actualizarán conforme a la inflación, sino con un nuevo Índice de Revalorización que tiene en cuenta los ingresos y gastos del sistema así como el aumento de pensionistas y de la prestación media con el que, automáticamente, si hay déficit se limitan las subidas hasta alcanzar el equilibrio. La ley fija un suelo de subida del 0,25% para los años malos, de manera que los pensionistas perderán poder adquisitivo si la inflación supera esa cifra. Una pérdida que será costoso de recuperar porque también hay un techo para la subida de las pensiones en los años de bonanza, el IPC más 0,5%. Eso significa que, por cada punto porcentual de poder adquisitivo que se pierda en un año malo, se necesitarán dos años muy buenos en los que se aplique la subida máxima. Este índice se aplicará a todos los pensionistas, actuales y futuros. Para 2014, ya se ha decidido que la subida será sólo del 0,25%.
La segunda novedad es el Factor de Sostenibilidad, que consiste en un coeficiente que se aplicará en el momento de calcular la pensión de los nuevos jubilados. La pensión mensual a cobrar se ajustará a la variación de la esperanza de vida. Como, previsiblemente, la esperanza de vida aumentará en el futuro, las prestaciones mensuales serán más bajas. El Ministerio de Empleo asegura que la prestación total percibida será equivalente a la de pensionistas anteriores puesto que se cobrará menos cada mes pero durante más años.
Con ambas medidas, el Gobierno calcula que el sistema se ahorrará cerca de 33.000 millones de euros entre 2014 y 2022. Esta reforma no será la última pues el Gobierno ya se plantea estudiar para el futuro modificaciones en el régimen de pensiones de viudedad y su financiación. Los cambios se suman a los aprobados en 2011 que han entrado en vigor este año: el retraso en la edad de jubilación hasta los 67 años y la exigencia de más años cotizados para cobrar el 100% de la pensión (37 años en lugar 35), que se hará de forma progresiva hasta alcanzar los límites fijados en 2027. También se incrementa el periodo de cotización para calcular la base reguladora sobre la que se determina la prestación: pasa paulatinamente de 15 años a 25 en 2022, lo que puede suponer una reducción en la cuantía de la pensión ya que los salarios más antiguos suelen ser inferiores, aunque con la crisis y el alto desempleo puede ocurrir que los últimos años sean los de menor cotización.
