El Gobierno asegura que servirá para garantizar mejor los derechos y libertades fundamentales. Otros denuncian que lo que hace es sacar la porra para acallar las protestas sociales. El proyecto para aprobar una ley de Seguridad Ciudadana va a camino de convertirse en una de las normas más polémicas del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Y eso que el Ministerio del Interior reculó sobre sus planes iniciales y suavizó en buena medida el texto que presentó el pasado noviembre ante el Consejo de Ministros.
La rectificación del departamento que dirige Jorge Fernández Díaz no fue suficiente para oposición y movimientos ciudadanos, que ya han avanzado su intención de recurrir a todos los instrumentos legales para que la ley no supere la tramitación parlamentaria, que se llevará a cabo a lo largo de 2014. Incluido el recurso al Tribunal Constitucional. Los detractores de la propuesta del Gobierno no escatimaron en calificativos para definirla, que fueron desde regresión al franquismo a mecanismo de represión para que nadie pueda contestar en la calle los futuros recortes que auguran a Mariano Rajoy. Hasta el Consejo de Europa opinó sobre el actual texto asegurando que es de difícil encaje en la legislación de las democracias modernas.
Desde el Gobierno se ha defendido por activa y por pasiva que la norma futura será más justa que la actualmente en vigor, impulsada en 1992 por el socialista José Luis Corcuera, quien se vio obligado a dimitir después de que el Constitucional invalidara uno de sus artículos, el conocido como 'de la patada en la puerta'.
La polémica se levantó en 2013. Ahora será en 2014 cuando se vea en qué queda finalmente una norma en la que el responsable de Interior se juega buena parte de su crédito político. En primer lugar deberá superar los dictámenes de órganos consultivos como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial. Después vendrá su travesía parlamentaria, que pese a la amplia mayoría de la que goza el PP en Congreso y Senado puede convertirse en un proceso tortuoso. Si es cierto, como denuncian sus detractores, que la futura ley busca evitar las manifestaciones, lo cierto es que los movimientos ciudadanos han dejado claro que se opondrán a ella en la calle. Aunque a algunos pueda llegar a costarles nada menos que 600.000 euros, tal y como contempla la futura ley.
