Veinticuatro de julio de 2013, víspera del Día de Galicia. Faltaban veinte minutos para las nueve de la noche cuando el tren procedente de Madrid descarrilaba a escasos kilómetros de Santiago de Compostela provocando una de las mayores tragedias ferroviarias de la historia de España. El país entero se sobrecogía ante la magnitud de las imágenes que llegaban desde la pequeña localidad de Angrois y que dejaban en la memoria de todos la desesperación de un hombre, Francisco José Garzón, cuyo error acababa de cobrarse la vida de 79 personas. El Alvia que conducía acababa de salirse de la vía tras tomar la conocida como curva de A Grandeira a más del doble de la velocidad permitida. Según él mismo reconoció ante el juez, creyó encontrarse en otro punto del trazado y, cuando quiso frenar, era demasiado tarde.
Cinco meses después de la tragedia, el proceso judicial abierto entorno al accidente se adentra en un momento clave. A día de hoy el maquinista es el único acusado después de que la Audiencia Provincial de A Coruña tumbase la imputación de los 27 cargos de ADIF a los que el juez Aláez había encausado por las presuntas deficiencias de la vía en la que se produjo el siniestro. El auto de la Audiencia, que respondía a un recurso presentado por la Abogacía del Estado, daba la razón al ente público al considerar que dicha imputación es "una decisión prematura".
A nivel político, la investigación sobre las causas del accidente tampoco ha dado excesivos frutos. La Ministra de Fomento, Ana Pastor, anunció pocos días después de la tragedia una batería de medidas para incrementar la seguridad de los trenes españoles, algunas de las cuales acaban de ser puestas en marcha. Entre otras cosas, los maquinistas tienen prohibido utilizar el teléfono móvil salvo en casos de emergencia, mientras que las cajas negras de los trenes registrarán la totalidad del trayecto a partir del próximo mes de abril.
Lo que no parece avanzar es la investigación parlamentaria en torno al suceso. El Congreso rechazó el pasado mes de octubre la moción presentada por IU para solicitar la creación de una comisión parlamentaria con los votos en contra de PP, PNV y CIU, y la abstención del PSOE. Tampoco el Parlamento gallego parece dispuesto a asumir la investigación de las causas de la tragedia, ya que la celebración de dicha comisión ha sido vetada por el Partido Popular en tres ocasiones.
