El Parlamento y los partidos políticos observan desde hace más de tres años como no para de crecer el porcentaje de ciudadanos que se adhiere al grito del "¡No nos representan!", pero han sido incapaces de acordar una sola iniciativa que permita mejorar la conexión de las instituciones políticas y de la principal cámara representativa del país, el Congreso de los Diputados, con el sentir de la sociedad.
El Congreso continúa encorsetado por un reglamento de funcionamiento interno casi decimonónico, que no ha sufrido cambios sustanciales desde los albores de la restauración democrática, y que permite que las mayorías absolutas en la cámara tengan manos libres para vetar, o cuando menos congelar, casi cualquier debate que no sea de su interés o de reducirlo a la mínima expresión. Mejor no hablar por supuesto de comisiones de investigación, que son tan extrañas e infrecuentes como la visión de un lince por el campo.
El pasado julio, la oposición en bloque persiguió durante más de dos semanas al presidente del Gobierno para que acudiese a dar explicaciones al Parlamento sobre las muchas dudas que la instrucción judicial estaba levantando sobre su conexión con Luis Bárcenas y la presunta financiación irregular y cobro de sobresueldos en negro en su partido. La vida parlamentaria se tensó al máximo, pero la mayoría del PP frenó una y otra vez el debate, que no se produjo hasta que varios medios de comunicación internacionales denunciaron la ley del silencio y Rajoy se asustó por la repercusión exterior del escándalo.
Ante la evidencia de la creciente desafección política -en noviembre fue la segunda mayor preocupación de los españoles, según el CIS- el presidente del Congreso, Jesús Posada, empujado por IU, creó a bombo y platillo en abril una ponencia para la renovación en profundidad del reglamento, que ni siquiera llegó a reunirse. Más de seis meses después, Posada vuelve a anunciar que en febrero sí que los diputados comenzarán a trabajar en un cambio de la organización interna.
Entre las primeras demandas que la oposición pondrá sobre la mesa estarán que la mayoría parlamentaria que soporta al Gobierno no pueda vetar peticiones de comparecencia en el Congreso del presidente del Ejecutivo si las piden todos los demás grupos y que el jefe del Gabinete deba contestar personalmente a las interpelaciones sobre asuntos de actualidad que los grupos le dirijan en el pleno y no las delegue como ahora en un ministro. También pedirán mayor flexibilidad para crear comisiones de investigación, para presentar preguntas al Gobierno en las sesiones de control y mecanismos que intensifiquen la participación ciudadana en los trabajos parlamentarios. Ahora toca ver si el grupo que tiene la llave para mover ficha, el PP, está dispuesto a exponer al Ejecutivo y a sus ministros a un mayor control de la oposición.
Otra de las grandes asignaturas que le queda al Congreso es convertir en una vía real la Iniciativa legislativa Popular (ILP), la capacidad que tienen los ciudadanos de presentar proposiciones de ley ante la cámara. Ahora son necesarias nada menos que 500.000 firmas para que los diputados las introduzcan en la agenda del pleno. Superar esta durísima condición, pese a todo, no suele significar nada, porque solo tres de las más de 80 ILP presentadas en democracia han logrado que el Congreso las admita a trámite e incluso en esos casos, al final, solo una parte mínima de su contenido acabó integrada en una ley.
Aún así, los ciudadanos no se rinden y en los seis últimos años han impulsado tantas ILP como en los 30 años previos de democracia. El dato demuestra que si a esta fórmula se le diese la agilidad y las facilidades que tiene en otros países del entorno europeo la sociedad española haría un uso muy importante del único canal de participación directa de la sociedad en la elaboración de las leyes que contempla la Constitución.
