Los independentistas más optimistas están convencidos de que el año que acaba será el último de Cataluña como comunidad autónoma española. Su idea es que en 2014, los catalanes votarán por primera en su historia en un referéndum y si gana el sí a la independencia, el nacimiento del Estado catalán será imparable. Puede parecer que todo va muy rápido, pero es que en doce meses la política catalana ha acelerado unas cuantas marchas el llamado proceso de transición nacional.
Nadie hubiera imaginado hace tres años que un partido de orden, conservador, defensor del ‘estabishment’ y representante de las clases acomodadas sería capaz de lanzarle al Estado el mayor desafío territorial en 35 años de democracia. Artur Mas y CiU lo han hecho, en un año 2013 que arrancó con una declaración del Parlamento catalán -impugnada después por el Gobierno ante el Constitucional)- que afirmó que Cataluña es un sujeto soberano que tiene derecho a decidir su futuro, y que ha acabado con el pacto sobre la consulta suscrito entre CiU, ERC, ICV y CUP.
Los partidos soberanistas catalanes han llevado el órdago institucional más lejos que ninguna otra iniciativa política similar y han fijado para el próximo 9 de noviembre de 2014 -el día que se celebrará el 25º aniversario de la caída del Muro de Berlín- la cita del referéndum, que tendrá un enunciado con dos preguntas porque Artur Mas vio que era imposible que formaciones tan dispares como Unió, conservadora, antiabortista y confederalista, o la CUP, antisistema, socialista y partidaria de la independencia de los Països Catalans, se pusieran de acuerdo en una única pregunta. Mas temió que el pacto saltara por los aires, lo que suponía la muerte del proceso, y se sacó un conejo de la chistera que le ha dado aire para aguantar al menos media legislatura y que dice así: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado? Y si es así, ¿quiere que sea independiente?”.
Mas ha consumado el desafío, cumpliendo el acuerdo de estabilidad para la legislatura que firmó a principios de año con Esquerra, y para dar respuesta al clamor de una parte de la sociedad catalana, que el pasado 11 de septiembre unió Cataluña de norte a sur con una cadena humana formada por 1,6 millones de personas, la llamada Vía Catalana.
Ahora, el presidente de la Generalitat se prepara para llevar al Congreso la petición de que el Estado transfiera a Cataluña la competencia de celebrar un referéndum, como en Escocia, esperar la respuesta del Gobierno; firmar el decreto de convocatoria de la consulta y aguardar la prohibición gubernamental. Más allá de ahí, todos los pasos, incluidas elecciones anticipadas plebiscitarias, están por ver.
La cuestión nacional ha marcado el año en Cataluña, pero han pasado muchas más cosas. El PSC y el PSOE se han reconciliado -tras el desmarque soberanista de Pere Navarro-; la Generalitat sigue intervenida por el Gobierno central, vía fondo de liquidez autonómica; y el que hasta hace poco se conocía como oasis catalán se ha destapado como un nido de espías, en el que todos los partidos vigilaban a los otros a través de un despacho llamado Método 3. Además, el juez del caso Palau de la Música ha terminado la instrucción y el juicio es inminente. Se sabrá, por tanto, cuánto se llevó Fèlix Millet, se sospecha que unos 30 millones, y si Convergència se financió de manera ilegal, el juez cree que se lucró con más de 6 millones. Por corrupción también han sido imputados, entre otros, Oriol Pujol, exnúmero dos de Convergència, y el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, hombre fuerte del PSC
