CASO ERE
Caso ERE Andalucía: habrá juicio contra Chaves y Griñán hasta en Semana Santa y Feria
Letrados de los acusados habían solicitado la suspensión de las sesiones para rebatir las nuevas pruebas de las acusaciones
Hay juicio del caso ERE para rato. Para ser exactos, durante al menos ocho meses los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán tendrán que sentarse en el banquillo . Han sido programadas 94 sesiones desde el 12 de febrero hasta el 31 de octubre próximos por parte del tribunal que juzga a 22 ex altos cargos de la Junta por el diseño y mantenimiento de un sistema que permitió durante una década repartir «de forma arbitraria» 855 millones de euros en ayudas entre empresas en crisis y prejubilados.
La vista oral que se celebra en la Audiencia Provincial de Sevilla no hará un receso ni durante la Semana Santa (hay sesiones previstas el Lunes y el Martes Santo) ni en la Feria de Abril.
Mediante una providencia notificada ayer a las partes, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla marca el calendario de las sesiones , atendiendo a la solicitud de la defensa del exconsejero Francisco Vallejo.
De paso, el tribunal que preside Juan Antonio Calle Peña echa un jarro de agua fría sobre las peticiones de algunas defensas que querían que se interrumpiera el juicio para rebatir a las acusaciones ejercidas por la Fiscalía Anticorrupción y el PP-A por la admisión de nuevas pruebas documentales. El juicio se reanudará el 12 de febrero, como estaba previsto, una vez que se resuelvan las cuestiones previas formuladas por las partes.
El tribunal ha fijado un total de 94 sesiones desde el 12 de febrero hasta el 31 de octubre próximo
La propia programación realizada por la Sección Primera da la respuesta a algunas de ellas. Por ejemplo, echa por tierra la petición José María Mohedano, abogado del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano .
Mohedano, que también defiende a Griñán solicitó la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo por el juez de refuerzo Álvaro Martín, quien concluyó que Chaves y Griñán habrían prevaricado supuestamente con la implantación del sistema de los ERE. Además a éste último le imputó un delito de malversación de fondos públicos. Mohedano argumentó que se habría vulnerado el derecho al juez predeterminado por la ley o «juez natural» que consagra el artículo 24.2 de la Constitución Española.
Al margen de la respuesta que dé a esta propuesta, el hecho de que el tribunal fije un calendario de antemano da a entender que no va a prosperar. Tampoco tiene visos de que la causa sea devuelta al juzgado de Instrucción al objeto de que éste delimite el alcance del proceso.
Esta posibilidad la había planteado la Fiscalía Anticorrupción para resolver el enredo jurídico generado por la división de la macrocausa en piezas y una decisión de la Sección Séptima de la Audiencia que ha dado pie a la exclusión de acusados de multitud de piezas donde estaban siendo investigados.
Esta sala determinó que si un ex alto cargo está encausado en la pieza política —que engloba todas las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo— no puede ser enjuiciado por cada una de esas ayudas de forma aislada.
Al margen de este laberinto jurídico, el tribunal ha programado sesiones para todos los meses a excepción de agosto, y no descarta alargar el proceso más allá de octubre. El orden de declaración de los testigos, acusados y peritos aún no se ha fijado.
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