Moreno (PP-A): «Susana Díaz ha perdido la batalla del impuesto de sucesiones, tendrán que cambiarlo»

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, asegura que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, «va a tener que reconocer que el impuesto de sucesiones no es un impuesto para ricos» y «va a tener que modificarlo porque no puede aguantar la presión» social.

«Ya ha perdido esta batalla igual que perdió las primarias en su partido», ha afirmado este martes el dirigente popular, cuya formación lleva al Parlamento una proposición de ley para bonificar en un 99 por ciento el impuesto de sucesiones y donaciones, amparándose en la «necesidad urgente» de acordar esa rebaja en Andalucía.

Cabe recordar que el Consejo de Gobierno andaluz ya rechazó esta medida hace una semana (siendo la cuarta vez que veta una iniciativa de este tipo) al considerar que el PP plantea la práctica desaparición de este tributo cedido por el Estado a las comunidades autónomas para financiarse.

«Es la última oportunidad de llegar a un acuerdo subrayado», ha subrayado el presidente del PP andaluz.

Moreno ha señalado que «lo que tiene que hacer el Gobierno de Andalucía es aplicar políticas que mejoren la calidad de los ciudadanos, porque más de 20.000 andaluces se han censado fuera de la Comunidad y han dejado de pagar por ello el IRPF». Eliminar el impuesto que grava las herencias «es un clamor popular en todos los rincones de Andalucía», ha considerado.

Campaña del PP

Por otro lado, el presidente del PP-A ha presentado este martes a los andaluces una campaña donde «le hemos hecho los deberes a la Junta de Andalucía y le decimos dónde tiene que invertir los 1.088 millones de euros «extra» que va a recibir del Gobierno de la Nación durante este año por el excedente de ingresos provenientes de la recuperación económica que se van a repartir entre las comunidades autónomas».

Así, Moreno ha especificado que 265 millones irían a destinadas a infraestructuras hospitalarias pendientes; 753 millones a políticas sociales, de los cuales 350 millones deberían destinarse a reducir la lista de espera de la Ley de Dependencia. Por último, 70 millones, a su juicio, deben dedicarse a eliminar aulas prefabricadas e instalar aire acondicionado en todos los colegios, así como en becas para estudios de idiomas.