Tribunales
Los siete casos de corrupción de la Junta de Andalucía empantanados en los juzgados
Las investigaciones de los casos Jeremie, UGT, Avales y Santana llevan años paradas por falta de interés, obstrucciones o escasez de medios
Caso ERE, Caso Avales I y II, Caso UGT Andalucía, Caso Jeremie, Caso Santana, Caso Transferencias de Financiación, Caso Faffe… La gestión de la Junta de Andalucía ha generado en los últimos siete años un incesante goteo de casos de corrupción que han sacudido los pilares del Gobierno andaluz hasta el punto de poner en fuga a un presidente autonómico (José Antonio Griñán) y a un secretario regional de UGT (Francisco Fernández Sevilla). Superado el primer impacto, estas instrucciones complejas se han convertido en el epítome de esa justicia lenta que tanto exaspera a aquellos estamentos que tienen en su mano poner los medios humanos y materiales para evitar que los sumarios se eternicen.
Estas dilaciones tienen múltiples causas: la complejidad del asunto, la impericia del instructor, la sobrecarga de trabajo , la falta de funcionarios, las tácticas obstruccionistas de quienes deben aportar la documentación que convierten en huecas las promesas de tolerancia cero y colaboración total con la justicia. Forman el cóctel perfecto. El resultado son sumarios empantanados en un mar de papeles que avanzan a trompicones.
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Caso Jeremie: tres años sin imputados
Si hay una investigación que ejemplifique el atasco judicial, ése es el caso Jeremie. En octubre de 2015 la juez de Instrucción número 5 de Sevilla abrió unas diligencias previas para analizar el destino de 185 millones de euros gestionados entre 2007 y 2013 por Soprea , una empresa propiedad de IDEA, la agencia autonómica que pagaba los ERE.
Las alarmas saltaron en un informe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional remitido al juez que investiga una presunta malversación de caudales públicos en otra sociedad de la Junta, Invercaria. Halló supuestas irregularidades en el manejo de los fondos europeos Jeremie destinados a insuflar liquidez a pequeñas y medianas empresas.
Un dato sirve para ilustrar la escasez de medios. Hasta pasados dos años de la apertura del caso, la juez Beatriz González no pudo disponer de la abundante documentación porque carecía de escáner. Solicitó refuerzos a la Junta, que inicialmente declinó su petición al no considerarla prioritaria, según informó la Consejería de Justicia en octubre de 2017. Con posterioridad, le suministró un escáner y un funcionario de Instrucción 6 de Sevilla para copiar los expedientes. Tres años después, la investigación sigue «en fase de análisis de la documentación » y no se ha dictado ningún auto de imputación, según informan desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
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Caso UGT: sin noticias del informe
En diciembre se van a cumplir cinco años, cinco, desde que dos furgonetas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil abandonaron la sede regional de la UGT en Sevilla cargadas de cajas con archivos y montañas de documentos contables del sindicato sobre los cursos de formación de parados subvencionados por la Junta. A este registro que abrió los telediarios nacionales siguió otro, en julio de 2015, en las oficinas del Instituto de Formación y Estudios Sociales de la UGT. Cinco años después, la investigación, que ha pasado por dos jueces distintos, continúa estancada.
En marzo de 2015, el juez de instrucción número 9 de Sevilla pidió a la Junta que nombrara a un perito para cuantificar el importe presuntamente defraudado por la UGT-A entre 2009 y 2013 . De los 32 expedientes de ayudas concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo que superaban los cien millones, el interventor delegado de la Consejería del Conocimiento encargado del asunto sólo ha analizado once y cifra el agujero en 5,3 millones. El perito justificó el parón por la falta de apoyo para hacer su trabajo.
En esta presunta trama diseñada por el sindicato para desviar subvenciones y destinarlas a su financiación están imputados desde octubre de 2014 los dos últimos exsecretarios regionales, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla .
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Caso ERE: la sombra de la prescripción
El macroproceso con más imputados —más de 300 aunque la cifra ha ido bailando por las exclusiones de ex altos cargos— tampoco ha estado ajeno a los vaivenes y retrasos. Desde que la juez Mercedes Alaya abrió la causa en enero de 2011, ésta ha ido engordando hasta los 1,1 millones de folios. En siete años y once meses, el sumario ha pasado por las manos de cinco instructores distintos . En junio de 2015, cuando María Núñez Bolaños se hizo con los mandos del juzgado, decidió desmembrarlo, es decir, dividirlo en partes más fáciles de investigar. Ha cerrado la instrucción de seis piezas, pero otras empresas siguen sin ver la luz.
Desde diciembre están siendo juzgados los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos de la Junta por el diseño de un sistema «opaco» para repartir ayudas a prejubilados y empresas dotado de 855 millones de euros. Al margen del desenlace de la rama política de esta macrocausa, cuyo desarrollo ni siquiera merece un hueco en las principales televisiones, las declaraciones transcurren a cuentagotas. Más de la mitad de las 270 piezas sobre empresas que recibieron fondos todavía no están abiertas . Los expedientes tampoco llegan a las partes. En la reciente comparecencia judicial de un investigado por ayudas irregulares a Hamsa, la fiscal no pudo preguntarle porque la juez no le había aportado los tomos de esta causa.
Las nuevas diligencias que se inician vienen precedidas casi siempre de advertencias de las fiscales. Núñez acaba de abrir diez piezas después de que Anticorrupción alertara de que había 18 informes policiales y periciales sobre empresas varados en los juzgados desde hace hasta cuatro años. La prescripción de delitos ha dejado de ser una amenaza para convertirse en un peligro real que ha provocado el archivo de más de una veintena de causas contra beneficiarios y ex cargos.
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Caso Santana: tres años perdidos
Otra causa heredada de Mercedes Alaya que permanece tres años en punto muerto, para desesperación de la Fiscalía y de los letrados de la acusación del PP andaluz, cuyas peticiones de documentación han caído en saco roto . El primer movimiento en esta causa abierta en junio de 2015 se produjo a finales del pasado mayo, cuando la nueva instructora, María Núñez Bolaños, encargó a la UDEF que investigara los préstamos millonarios concedidos por la agencia pública IDEA a la empresa Santana Motor, la factoría de Linares (Jaén) que la Administración autonómica cerró a principios de 2011 tras invertir 600 millones de euros. El Gobierno andaluz convirtió un préstamo reembolsable de 36,1 millones en una ayuda a fondo perdido.
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Casos Avales I y II: el fiscal dice basta
El inexplicable retraso que acumula la investigación de la supuesta concesión ilícita de avales y préstamos a empresas por parte de la agencia pública IDEA es un ejemplo de libro. Tanto como para hartar al fiscal Francisco Sánchez Mellado que, aparcando la diplomacia que impera en la prosa jurídica de sus escritos, hizo un severo reproche a la actuación de la juez el pasado marzo. «Durante todo este tiempo —la causa se abrió en junio de 2016—, el avance de la investigación ha sido prácticamente inexistente , pese a que el fiscal ha interesado en diferentes ocasiones la práctica de diligencias cuya práctica viene siendo denegada de manera sistemática por la magistrada». La crítica aparece en un recurso de reforma contra la negativa de la juez a reclamar informes a la Guardia Civil y a la Intervención del Estado pendientes desde 2015.
La instructora no cede y acusa al fiscal de querer abrir una «inquisitio generalis», un proceso inquisitorial , cuando no hay «indicio penal alguno». La Audiencia la contradice y asegura en un auto que la causa «avanza lentamente». En la segunda causa abierta por este asunto, Avales II, que afecta a los concedidos de forma directa por IDEA, el PP no está personado porque rehusó pagar la fianza impuesta por la juez y rebajada tras recurrirla.
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Caso Transferencias: juez recusada
La Audiencia de Sevilla tiene en su mano decidir si la juez Núñez sigue o no al frente de la investigación sobre el uso irregular de las transferencias de financiación que recibía la agencia IDEA de la Junta a través de programas distintos al de los ERE. Los letrados del PP andaluz, Luis García Navarro y Lourdes Fuster, recusaron a la magistrada porque su cuñada, María Guija Villa, trabajaba como técnico del área de control y seguimiento de la dirección de finanzas de la agencia IDEA y podría haber participado en las operaciones que se están investigando. La recusación está pendiente de enjuiciarse.
Entre tanto, el caso se ha derivado a otra juez, Pilar Ordóñez, que ha tardado siete días en atender una antigua solicitud de la Fiscalía de pruebas documentales que la anterior instructora desoyó durante año y medio. Sin embargo, las peticiones de nuevas pesquisas siguen llegando al juzgado de Núñez y las acusaciones se quejan de que no se trasladan sus escritos a la nueva juez.
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Caso Faffe: falta documentación
Dejando aparte la sentencia de los ERE, de todas las causas de corrupción que se instruyen en los juzgados, ésta es la que más puede erosionar el potencial electoral del PSOE andaluz y la que más temen en el Gobierno andaluz. La juez Núñez investiga el supuesto desvío de subvenciones para cursos por parte de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), un ente creado por la Junta para formar a desempleados donde acabaron contratados allegados y cargos del PSOE y los sindicatos.
En el imaginario colectivo queda, como una anécdota grotesca, el pago de 14.737 en el prostíbulo Don Angelo de Sevilla con una tarjeta de representación del exdirector general de la Faffe, Fernando Villén, en una noche de farra. Este jueves está citado a declarar en el juzgado. La propia Junta, personada en el caso, lo había pedido en julio.
La Fiscalía, el PP o la UCO no han tenido una respuesta tan ágil a sus insistentes solicitudes de documentación. El Instituto Armado ha tenido que esperar dos años para que la magistrada les facilitara el acceso a las trece cajas de la Faffe para conocer las entradas y salidas de dinero en efectivo y las facturas justificativas de las ayudas. La UCO llegó a quejarse de que se había enterado por la Prensa de las declaraciones de investigados, testimonios claves para averiguar dónd
