La promoción de viviendas que tumbó a la cúpula de la CEA culmina con un déficit de 26 millones

En noviembre de 2013 una decisión sin precedentes de la Sociedad de Gestión de Activos provenientes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) precipitó la sucesión en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). El conocido como «Banco Malo» emprendió dos acciones legales para esclarecer la gestión que una fundación impulsada por la patronal realizó en la promoción de 500 viviendas protegidas en Sevilla Este (de las cuales, por aquel entonces, la mayoría estaban inacabadas y pendientes de entregar).

Hubo, en primer lugar, una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos de la capital hispalense para esclarecer el uso de 12 millones de euros de un crédito concedido por Bankia (que ascendió en total a 50 millones) a la denominada Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa (la Sareb había heredado esa deuda de Bankia en diciembre de 2012).

En paralelo, la Sareb instó el concurso de acreedores para la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa «para proteger sus intereses, los de los adjudicatarios de las viviendas y los de los proveedores de la promoción, una vez agotadas todas las vías extrajudiciales posibles con esta institución para la conclusión de las obras». Estos tres bloques de viviendas protegidas habían generado un problema social, ya que se desconocía, entre otros puntos, el paradero de los 9,5 millones que ya habían aportado cientos de compradores como entregas a cuenta, que en muchos casos no habían vuelto a ver su dinero ni tenían expectativas de recibir las llaves de su casa.

Concurso

Apenas unas semanas después de esta doble acción legal de la Sareb, Santiago Herrero renunció a seguir presidiendo la CEA (todos los patronos de la fundación, entre ellos el propio Herrero como miembro fundador, estaban directamente vinculados a la cúpula de la antigua patronal). Aunque la denuncia ante la fiscalía fue archivada, la Sareb sí consiguió que se declarase el concurso de acreedores de la Fundación, un proceso en el que se está esclareciendo este episodio de mala gestión. ¿Qué ha ocurrido en Isbylia en estos dos años y cuatro meses de trabajo por parte de los administradores concursales?

El equipo de Ernst & Young en Andalucía y el economista Antonio Moreno presentaron a inicios de marzo el informe definitivo del concurso. Con la regularización de los edificios, la ayuda financiera de la Sareb, la contratación de FCC para la conclusión de las obras y la incorporación de un gestor externo (Bovis Project Management), el 100% de las obras se han finalizado. El problema social no existe ya que aquellos que en su momento compraron la vivienda han tenido la opción de ocuparla o han ejercido el derecho a renunciar a la adquisición.

De hecho, la terminación de las obras bajo criterios de racionalidad empresarial ha permitido recuperar un activo inmobiliario que actualmente está valorado en 45 millones de euros. En este momento hay 277 pisos reservados y el resto se pondrá a la venta cuando finalicen los trámites de «libración administrativa» por parte de la Junta de Andalucía (ya que sus adjudicatarios originales renunciaron a ellas antes del concurso).

Cifras de escándalo

Sin embargo, el propio procedimiento que han tenido que seguir los administradores para culminar esta promoción de viviendas sociales delata el estado de abandono en el que se encontraba esta obra por parte de la antigua cúpula de la Confederación de Empresarios. «Los primeros trabajos que se han desarrollado parten de la inexistencia de la más mínima organización y clasificación de documentos, tanto de clientes como técnica», indica el informe definitivo.

El balance económico de Isbylia es demoledor. La promoción tiene un valor de 45,3 millones, pero las deudas acumuladas desde el año 2007 hasta hoy ascienden a más de 71,4 millones. Es decir, la promoción de vivienda social de la Confederación de Empresarios ha tenido finalmente un déficit patrimonial de 26 millones de euros (una desviación del 57%).

¿Cuál es la explicación para un desajuste de tal calibre? La extraña relación que estableció la patronal con la consultora Dolmen está en la base de los desfases económicos del proyecto. La CEA contrató a esta compañía en 2007 para ejecutar el proyecto sin estudiar previamente otras alternativas y cuando esta empresa ya atravesaba serios problemas económicos.

Para levantar las 500 viviendas, la Fundación de la CEA optó por un modelo de gestión en el que una institución sin ánimo de lucro (la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa) subcontrata la totalidad del proyecto a una única compañía, pero como ya advirtieron en 2014 los administradores concursales «esto no le exonera de la necesidad de haber actuado con diligencia en el seguimiento del proyecto».