Tribunales
La misión imposible de la Junta de Andalucía para recuperar el dinero defraudado
La Administración autonómica se enfrenta a procesos contenciosos largos y a empresas que han desaparecido
La factura de la corrupción se eleva a 4.730,7 millones de euros en Andalucía . Es la suma de dinero público repartido por la Junta, a través de distintas ayudas y contratos, que investigan los juzgados. Fondos públicos, en muchos casos, distraídos al erario público que no han sido devueltos y que difícilmente van a recuperarse.
La batalla legal emprendida por la Administración autonómica en los juzgados de lo contencioso es un proceso largo y tortuoso. Algunas empresas beneficiarias, a las que se reclama el dinero diez años después de su concesión, son insolventes, han desaparecido y sus administradores son ilocalizables.
En otros casos, la Junta de Andalucía utilizó una vía equivocada para reclamar el dinero . Como sucedió en la presunta trama de las facturas falsas y los supuestos desvíos de subvenciones de formación concedidas a UGT Andalucía, sobre el que pesa reintegros de ayudas por un montante de 15,3 millones que la Administración considera que están mal justificadas.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) exoneró al sindicato de devolver un millón de euros correspondiente al programa de asesoramiento a desempleados Orienta del año 2009.
La sentencia da la razón al sindicato porque la Junta no impulsó un procedimiento de revisión de oficio. «No cabe volver a lo ya resuelto sin seguir el procedimiento de revisión de oficio , pues la Junta ya había llevado anteriormente su labor fiscalizadora y de comprobación, y no cabe regresar sobre tal cuestión, y practicar una nueva liquidación que venga a sustituir a la anterior, sin poner en marcha el procedimiento legalmente previsto para la revisión de actos administrativos», expuso el TSJA.
En el caso de Santana Motor, convirtió un préstamo reembolsable de 36 millones en una ayuda a fondo perdido; no quería recuperar el dinero
Según el último balance realizado el pasado 5 de julio por el anterior Gobierno de Susana Díaz, la Junta de Andalucía sólo había recuperado 14,8 de los 149 millones de expedientes de formación reclamados en firme. En el fraude de los ERE: de los 135,3 millones sometidos a una revisión de oficio desde 2012, han sido restituidos 6,7.
En otros casos, no había ninguna intención de recuperar el dinero. La Junta de Andalucía convirtió un préstamo reembolsable de 36,1 millones concedido a Santana Motor en « una ayuda a fondo perdido ».
El detonante es un convenio firmado el 17 de diciembre de 2009 entre la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) para el desarrollo tecnológico y de procesos de industrialización de vehículos todoterreno por parte de la fábrica de Santana Motor .
Mediante este acuerdo, IDEA concedió un crédito de 36,1 millones de euros al cero por ciento de interés y un periodo de amortización de diez años con cuatro de carencia. La Intervención General de la Junta de Andalucía emitió un informe de actuación contra esta operación porque se habían incumplido varios preceptos legales.
« Se ha omitido la fiscalización previa » y «se han comprometido gastos y pagos» infringiéndose la Ley de Presupuestos. Todo ello «podría suponer un menoscabo de fondos públicos que han sido entregados a Santana Motor S.A. sin autorización del Consejo de Gobierno, y sin que los mismos hayan sido recuperados por la agencia IDEA dada la situación en que se encuentra la mencionada entidad desde hace varios años», alertó la Intervención.
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